Un hecho de tremenda gravedad e incierta consecuencia

El primer paso jurídico concreto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros -la solicitud de pena hecha en el fin del alegato de la fiscalía- confirmó los peores temores del kirchnerismo en general y abrió las puertas plenamente a una situación inédita de indudable repercusión internacional: el gobierno nacional salió oficialmente a defender a la vicepresidente, y, en simultáneo, a atacar al Poder Judicial y a medios periodísticos, identificándolos como los autores principales de la “persecución” que “degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”.

No es poca cosa que el gobierno nacional se expida con el mismo lenguaje utilizado por los militantes del sector político representado por sus principales funcionarios. Es más: que el Poder Ejecutivo haya formulado esta posición, con el lenguaje elegido para tal fin, anuncia una ruptura institucional antes de que el Tribunal se expida ante la solicitud de los fiscales. El Poder Ejecutivo se ha alzado contra el Poder Judicial, nada menos que con el argumento de que es la propia Justicia la que “contradice la dogmática del derecho penal aplicable en una República”.

El presidente Alberto Fernández es citado por la comunicación oficial con una frase antes difundida en las redes digitales, el ámbito principal de la devaluada política argentina. Dice Fernández que “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”.

El Poder Ejecutivo afirma, en la declaración difundida por la Portavoz de la Presidencia que “no ha sido probado “ninguno de los actos” atribuidos a Cristina durante su presidencia. Sostiene la adhesión (de Perogrullo) al “principio constitucional de inocencia” y avisa que “seguirá bregando por una reforma judicial”. Más claro, agua: para el gobierno de Fernández & Fernández, la reforma es necesaria pues la justicia es injusta. Particularmente con ellos.

La tremenda gravedad de este hecho político hace imposible augurar qué es lo que sucederá en lo inmediato y mediato en este país lleno de dificultades. El gobierno ha decidido proclamar un conflicto de poderes. Ha decidido no esperar al dictamen de los jueces, confirmando que no acepta siquiera la acusación, no ya el veredicto de culpabilidad. Tamaña temeridad no se explica más que por la singularidad política que socava el sentido común de una dirigencia aferrada al poder desde hace tanto tiempo, que no puede imaginar más que el infierno si se la despoja de sus privilegios.