La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la exvicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, que se dictó en el marco de la causa "Vialidad", involucra el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por casos de corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
El extenso fallo de 1.541 páginas, redactado por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, detalló que, de los trece acusados en la causa, varios recibieron penas de prisión que van desde tres años y medio hasta seis años. Entre ellos se encuentran Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La resolución también mantuvo la absolución de otros imputados, como el exministro Julio De Vido y Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner.
La causa “Vialidad” juzgó la concesión de 51 contratos de obra pública entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Se comprobó que las licitaciones fueron adjudicadas en su mayoría al grupo empresarial de Lázaro Báez, favorecido con 84.000 millones de pesos en obras viales. Los jueces sostuvieron que estas adjudicaciones se realizaron mediante maniobras irregulares, con la convalidación de funcionarios de alto rango, entre ellos Nelson Periotti, exdirector de Vialidad, y Juan Carlos Villafañe. Las irregularidades incluyeron la aprobación de pagos sin supervisión adecuada y la falta de finalización de varias obras.
En su fallo, los jueces también destacaron la firma del Decreto PEN 54/09 por parte de Fernández de Kirchner, un acto que permitió financiar directamente las obras adjudicadas a Báez. La decisión, sugerida por José López, se considera una prueba del papel de la expresidenta en la maniobra, cuyo objetivo habría sido asegurar la adjudicación directa de contratos millonarios.
Un fallo con consecuencias políticas y sociales
La resolución de Casación no tiene aún efectos inmediatos, ya que el fallo puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia en un plazo de diez días hábiles. No obstante, esta confirmación representa un paso judicial relevante para el caso, que tuvo una gran repercusión política en el país. Fernández de Kirchner, quien al momento del fallo se encontraba en un evento en el municipio bonaerense de Moreno, sostuvo que la causa forma parte de una persecución judicial en su contra. “Voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”, publicó en sus redes sociales.
La audiencia pública en los tribunales de Retiro atrajo la atención de figuras políticas y sociales. Entre los presentes estuvo el funcionario de Seguridad Fernando Soto, mientras que en la puerta de los tribunales se realizó una clase pública en apoyo a la expresidenta, encabezada por Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, y el dirigente social Juan Grabois.