Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que se revoque la prisión domiciliaria que cumple Cristina Fernández de Kirchner y que sea trasladada a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. Argumentaron “falencias de seguridad” en el domicilio actual de la exmandataria, ubicado en el barrio porteño de Constitución, que —según dijeron— afectan tanto a los vecinos como a la propia seguridad de la exvicepresidenta.
Actualmente, Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, por disposición del Tribunal Oral Federal N°2, que lleva adelante el caso conocido como “Vialidad”. Luciani y Mola sostuvieron ante los jueces de Casación que “jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución Penal: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.
En su presentación, los fiscales subrayaron que el Ministerio de Seguridad ya identificó unidades penitenciarias aptas para alojar a Fernández de Kirchner y descartaron que esas condiciones impliquen un trato inhumano. También señalaron que la edad de la expresidenta —72 años— no obliga automáticamente a otorgar el beneficio de prisión domiciliaria, sino que es una atribución judicial sujeta a evaluación.
Además, aportaron imágenes de manifestaciones en la zona del domicilio, con personas subidas a terrazas y balcones linderos, y aseguraron que el barrio de Constitución “carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia”, especialmente ante la visibilidad pública y política de la detenida.
En el mismo sentido, citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que da cuenta de reclamos vecinales por ruidos molestos, obstrucciones al tránsito de ambulancias y a la recolección de residuos debido a las frecuentes concentraciones frente al edificio.
Los fiscales solicitaron que, si no se accede a revocar la prisión domiciliaria, se disponga “inmediatamente de otro lugar” que reúna mejores condiciones de seguridad para cumplir la detención.
La decisión ahora queda en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deberán evaluar el planteo de los fiscales y las apelaciones presentadas por las distintas partes del proceso.