La intendencia de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, anunció una insólita pero contundente medida para combatir el ausentismo electoral de cara al referéndum convocado para el próximo 9 de noviembre: quienes no se presenten a votar y no justifiquen su inasistencia deberán pagar una multa equivalente al precio de una bolsa de cemento de 50 kilos.
Actualmente, la sanción económica por no ir a votar ronda los $2.000. Sin embargo, con esta modificación, el monto se elevaría a más de $15.000, ya que se ajustará al valor de mercado del insumo de la construcción al momento de la elección. La decisión fue formalizada a través de una ordenanza municipal con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en una instancia clave para la ciudad.
Según expresaron desde la intendencia, la medida se tomó tras registrar altos niveles de ausentismo en procesos electorales previos, con picos superiores al 30% de faltantes en algunas mesas. “Buscamos que los vecinos comprendan la importancia del voto y asuman la responsabilidad que implica decidir sobre el futuro de su comunidad”, señalaron fuentes del Ejecutivo municipal.
El referéndum del 9 de noviembre fue convocado para definir cuestiones estructurales vinculadas a la administración local. Aunque aún no se dio a conocer el detalle de la consulta, se espera que trate temas como la autonomía municipal, reformas fiscales y cambios en la planificación urbana.
Desde sectores opositores criticaron la medida por considerarla “desproporcionada” y señalaron que puede perjudicar a sectores más vulnerables. No obstante, el Ejecutivo defendió el sistema de multas indexadas, al considerar que el valor de una bolsa de cemento representa “un parámetro razonable, tangible y actualizado”.
La ciudad de Bariloche se suma así a un puñado de jurisdicciones del país que han endurecido las sanciones por inasistencia injustificada a las urnas. Mientras tanto, desde la Junta Electoral local informaron que en las semanas previas al referéndum se reforzará la campaña de información para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones electorales.