Tras conocerse el fallo que frena por seis meses el Decreto que establecía la disolución de Vialidad Nacional, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo señaló que la iniciativa del Gobierno “careció de un plan de contingencia” y que eso generó un marco de inestabilidad laboral para los trabajadores del organismo. Lo hizo en una entrevista con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera.
“Uno puede discutir la eficiencia del Estado, pero sin planificación previa, se generan conflictos evitables”, aseguró.
Vialidad Nacional y el deterioro de las rutas
Llancafilo vinculó el decreto con una problemática más amplia: el deterioro histórico de las rutas nacionales. Mencionó varios ejemplos en Neuquén, como las rutas 40, 234 y 237, y calificó al Puente de La Rinconada como “un símbolo de la desidia”, por sus más de 17 años de demora.
También mencionó el tramo de la Ruta 22 entre Roca y Neuquén, que lleva más de 15 años de obras. A su entender, estos casos reflejan fallas estructurales en la administración de Vialidad Nacional durante los últimos gobiernos.
Defensa judicial por parte de los trabajadores
El fallo que suspende por seis meses la aplicación del decreto 461 fue emitido por un tribunal federal de San Martín, a partir de una presentación de un gremio de Vialidad Nacional. Llancafilo respaldó la medida judicial, indicando que se vulneraban derechos laborales protegidos por convenios colectivos de trabajo vigentes y legislación internacional.
“La jueza no juzgó el fondo del decreto, sino la afectación directa a los trabajadores”, explicó.
Las provincias y el reclamo de recursos
El diputado neuquino también se refirió a un debate reciente en el Senado de la Nación: la redistribución del impuesto a la transferencia de los combustibles. Según indicó, los gobernadores —incluido Rolando Figueroa— plantean que, si el Estado nacional recauda pero no invierte en mantenimiento, esos fondos deben ser transferidos a las provincias.
En ese marco, destacó obras realizadas por la Provincia de Neuquén con fondos propios, como tramos de las rutas 23 y 39, mientras que en otras —como el Puente de La Rinconada— se continúa con recursos nacionales, aunque “faltan pocas obras complementarias para su finalización”.
¿Puede el fallo sentar un precedente?
Consultado sobre la posibilidad de que este freno judicial siente un precedente ante otros cierres de organismos nacionales por decreto, Llancafilo recordó que el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) es una práctica habitual de distintos gobiernos y que deben ser analizados caso por caso por el Poder Judicial, en función de los derechos que puedan afectarse.
"Podés revisar y controlar la masa de empleados, verificar también con auditorías en qué se destinan los recursos, pero no podés tomar medidas de recortar presupuesto, congelar este envío de recursos, mientras se está llevando adelante ese control. Siempre tiene que existir un plan de contingencia que en definitiva no vulnere derechos y, por otro lado, tampoco elimine beneficios que existen ya desde hace mucho tiempo".