El Gobierno nacional anunció días atrás su intención de disolver una serie de dependencias estatales bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, entre ellas la Dirección Nacional de Vialidad, una medida que encendió alarmas por su posible impacto en la infraestructura vial del país. Sin embargo, la Justicia Federal frenó esa decisión al dictar una medida cautelar que suspende el decreto presidencial por seis meses, lo que desató una inmediata reacción del Ejecutivo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves a través de la red social X que el Gobierno apelará la resolución judicial que frena la disolución de Vialidad Nacional. “Estamos trabajando con nuestros equipos legales para avanzar con la apelación”, indicó, abriendo la puerta a un litigio que podría dejar en suspenso tanto a los trabajadores del organismo como al mantenimiento de rutas y caminos en todo el territorio nacional.
El fallo fue emitido por la jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, quien resolvió suspender la aplicación del decreto presidencial hasta que se defina su constitucionalidad. El dictamen apunta específicamente a la legalidad del permiso que el presidente Javier Milei otorgó a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para llevar adelante la eliminación del organismo vial.
Además de Vialidad, el mismo decreto incluye el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte de un proceso de ajuste y achicamiento del Estado.
Desde el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), sin embargo, advirtieron que Sturzenegger no contaba con las atribuciones necesarias para avanzar con esa medida. "Vialidad fue creada por un decreto ley y tiene carácter de ente autárquico, por lo que no puede ser disuelto por decreto simple”, explicó la secretaria general del gremio, Emiliana Mcnamara, en declaraciones a Canal Abierto.
De este modo, hasta que la Justicia no resuelva el fondo del asunto —esto es, si el decreto de Milei es o no constitucional—, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá operando como hasta ahora. Mientras tanto, el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial suma un nuevo capítulo en medio del proceso de reformas impulsado por la Casa Rosada.