Desde hace más de tres décadas, el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 sigue siendo una herida abierta en la historia argentina. Lejos de esclarecerse, la causa estuvo marcada por maniobras de encubrimiento, desvíos intencionales de la investigación y oscuros intereses políticos que hasta hoy obstaculizan la justicia.
Sin embargo, todo comenzó aquella mañana a las 9:53 en Pasteur 633, barrio de Once, cuando la explosión de un coche bomba sacudió el edificio de la AMIA, matando a 85 personas e hiriendo a más de 300. La magnitud del ataque lo convirtió en el peor atentado terrorista de la Argentina y en el más grave contra una comunidad judía fuera de Israel.
Desvío y manipulación desde el primer momento
La pesquisa inicial estuvo a cargo del juez federal Juan José Galeano. Pese a jurar defender la pura y exclusiva verdad en un compromiso moral de Justicia y descubrimiento, pronto quedó en evidencia que, en lugar de proteger la escena y custodiar pruebas, grupos de inteligencia y funcionarios judiciales desviaron la indagación.
Se abandonó deliberadamente la llamada “pista siria” y se inventaron pruebas para culpar a policías bonaerenses, a quienes se mantuvo presos casi una década. Para ello, funcionarios de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) pagaron 400.000 dólares al traficante Carlos Telleldín, quien había vendido el vehículo usado en el atentado como coche bomba.
De esta manera, la impunidad fue el punto de partida para uno de los casos más oscuros que atraviesa la historia argentina. Está de más aclarar que por aquel entonces las condiciones tecnológicas del mundo en general eran completamente distintas a las actuales. Por lo que obtener pistas claras y veraces dependía más de la viveza de la Justicia que de la capacidad de reconstruir el hecho y acceder a cámaras de seguridad.
La “pista siria” y el manto de impunidad
En los primeros días, las llamadas telefónicas hallaron posibles conexiones con el empresario Alberto Kanoore Edul, de origen sirio. Se planearon intervenciones telefónicas y allanamientos a sus domicilios, pero fueron frustrados por avisos previos y la manipulación de las grabaciones. El rol de comisarios como Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda quedó señalado, pero la investigación se abandonó y no prosperó jamás.
AMIA 2: juzgar el encubrimiento
Entre 2001 y 2004, el primer juicio sobre el atentado terminó con la absolución de todos los imputados, revelando públicamente la trama de irregularidades. Esto propició la apertura de la causa “AMIA 2” para investigar el encubrimiento. Figuran entre los acusados el propio juez Galeano, dos de los tres fiscales originales (José Barbaccia y Eamón Mullen), el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el presidente de la DAIA Rubén Beraja, el exjefe de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios y el facilitador Carlos Telleldín. Aunque varios fueron condenados en primera instancia, las apelaciones mantienen los fallos sin firmeza.
El giro de Nisman: al filo de la conspiración
En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner creó la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) y nombró al fiscal Alberto Nisman para reabrir la investigación. Nisman revisó más de 300 millones de registros telefónicos, afirmó contar con nuevas pruebas e imputó a siete funcionarios iraníes y un libanés de Hezbollah. En 2013, denunció además a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman por presunto encubrimiento, al suscribir el Memorándum de Entendimiento con Irán, que jamás entró en vigencia pero, según Nisman, buscaba garantizar la impunidad de los acusados.
Sin embargo, la trama inesperada de esta historia terminó con un caso sucio con muchas especulaciones y pocas pruebas que solo ha sembrado el odio y la grieta en el país. Por un lado hay quienes acusan a Cristina Fernández de provocar el asesinato del fiscal, mientras que la hipotesis más fuerte según las pruebas indican que se trató de un suicidio inducido por la presión del caso más pesado de la memoria argentina.
El 18 de enero de 2015, un día antes de exponer su denuncia ante el Congreso, Nisman fue hallado muerto de un tiro en su departamento. La causa, plagada de irregularidades —desde la tardía recolección de la escena hasta el presunto uso de un arma ajena— derivó en cinco procesados, incluido Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman. Pese a nuevos peritajes y solicitudes de desclasificación de archivos de inteligencia, nunca se identificó al autor material o intelectual del homicidio.
Justicia postergada
En diciembre de 2024, la Corte Suprema envió a juicio oral a Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA, reafirmando la responsabilidad de Irán y Hezbollah como instigadores. Sin embargo, el proceso avanza lentamente y la sensación de impunidad sigue dominando. A 31 años, las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos insisten en que solo la verdad y la condena de todos los implicados podrán cerrar esta herida histórica