La reciente sanción de la nueva Ley de Fauna Silvestre en Río Negro encendió una fuerte polémica política y ambiental. Mientras el oficialismo la defiende como una herramienta actualizada, con criterio técnico y capacidad de gestión, desde sectores de la oposición denuncian que se trata de un retroceso que expone a las especies autóctonas a la caza y al comercio, debilitando los controles y dejando desprotegidos los ecosistemas patagónicos.
“El Estado no puede seguir corriendo atrás del problema. Tiene que anticiparse, conocer, intervenir”, sostuvo Roberto Esposito, Subsecretario de Fauna Silvestre, y explicó que la nueva ley, que reemplaza a la vieja normativa de 1985, plantea un Régimen Provincial de Gestión Integral de la fauna. Entre sus ejes, se destacan la distinción entre especies nativas y exóticas invasoras, el uso sostenible bajo criterios científicos y la habilitación de frigoríficos para aprovechar ejemplares como el jabalí, el ciervo colorado y el castor, que generan impactos negativos en el ambiente y la producción.
Desde el Gobierno, remarcan que no se trata de liberar la caza, sino de poner reglas claras y orden donde antes “mandaba el parche”. “Esto no es negocio salvaje, es gestión planificada. Para que un privado invierta en faena, necesita volumen y reglas claras”, enfatizó Esposito. Además, destacaron que el proyecto articula con instituciones como el INTA, el CONICET y universidades, y prevé fondos específicos para conservación y educación ambiental.
Sin embargo, las voces críticas son contundentes. “La ley deja abierta la caza indiscriminada del guanaco, del choique y otras especies autóctonas, porque ya no las considera parte de la caza furtiva”, advirtió la legisladora Magdalena Odarda. Cuestionó además que la norma fue aprobada “con mayoría automática y trámite exprés”, sin consulta previa a las comunidades indígenas ni al sistema científico nacional.
En la misma línea, la senadora Silvina García Larraburu alertó sobre la habilitación de la cría, comercialización y exportación de fauna nativa con fines comerciales, incluyendo material genético. “No se puede hablar de sustentabilidad si se excluye a quienes cuidan y habitan esos ecosistemas desde hace siglos”, expresó. Y denunció el desmantelamiento institucional: actualmente solo cinco guardafaunas y tres vehículos deben custodiar más de 200.000 km² de territorio.
Uno de los puntos más controvertidos es el que borra los límites entre criaderos de especies nativas y cotos de caza exótica, algo que, según los sectores críticos, abre una peligrosa zona gris. “El riesgo de convertir la Patagonia en un territorio de laboratorio y de lucro para intereses ajenos es real”, apuntó Larraburu, en referencia a antecedentes como el coto de caza habilitado con capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut.