Es duro analizar la realidad y observar como un gobierno que comenzó con alta credibilidad en todos los sectores sociales se desvanece lentamente en los últimos meses. Según los economistas, la inflación anual se ubicará en el 36% sobre los pronósticos que la estimaban en el 31,6%.
La “mejoría de la agonía” se observó en enero. El “Riesgo País” bajó más de 150 puntos y el índice S&P Merval ganó prácticamente el 20% en dólares. En menos de dos meses, este indicador trepó cerca de los 800 puntos, el dólar acompañó el ritmo de la inflación y el índice S&P Merval registró los mínimos a diciembre de 2015. Lamentablemente, todos los indicadores muestran como “el mercado” comienza a dar la espalda al Gobierno.
Al igual que en política económica, al repasar la política gasífera nos encontramos que nadie ha quedado satisfecho. En febrero se llevó a cabo la primera Subasta a través del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA) con el objetivo de competir y transparentar el mercado de gas natural para usuarios residenciales.
La jugada del gobierno no dio los resultados esperados. Los valores subastados fueron más caros que los conseguidos individualmente por las distribuidoras. Para los 14.435.000 m3 correspondiente a las 44 ofertas realizadas para la estacionalidad “Verano” (septiembre a abril) el valor promedio fue de U$D 4,62 MBTU. Mientras que, unos días más tarde, para los 10 Millones de metros cúbicos ofertados por Bolivia el Gobierno Nacional acordó U$D 6,24 el MBTU para la misma estacionalidad (Verano). En menos de diez días la cuarta adenda incrementaba en 35% el valor de gas sobre el precio del mercado interno.
Otra perlita de la actual gestión energética es la autorización de los precios de exportación de gas a los países limítrofes. Según los datos recogidos, se exportó en el primer trimestre del año primero Chile y luego a Uruguay a un valor promedio de U$D 4,10 y U$D 3,77 respectivamente el MBTU. Es decir, los valores de la subasta para el mercado interno fueron superiores a los valores de exportación.
En estos días el área de Energía se encuentra redactando las condiciones para la segunda subasta; entendiendo que lo ofrecido en la anterior -para la estacionalidad Invierno- no alcanzará a cubrir la demanda interna y que la cuarta adenda del contrato con Bolivia considera un valor promedio para la estacionalidad invierno de U$D 10,30 el MBTU para toda molécula que supere los 10 MM3/d. Es decir, un 47,15% más que el valor que se abonaría si la resolución 46/17 seguiría vigente con incentivos a la producción en forma escalonada.
En este enjambre de precios y estacionalidades, las operadoras pelean por obtener un precio que ronde entre los U$D 7,75 y U$D 8 el MBTU, las distribuidoras pretenden un precio máximo de U$D 4,70 y el gobierno estima un valor de U$D 6 el MBTU. Nadie quiere perder, pero todos desconfían de las reglas de juego que impone el propio gobierno.
El riesgo para muchos será si Gustavo Lopetegui se atreve a dar una vuelta de timón como hizo con la “interpretación al subsidio del gas”. Esa reunión con las operadoras y la reciente respuesta de Hacienda al reclamo administrativo de Tecpetrol, fueron señales claras a la industria que el gobierno de Cambiemos tiene su propio “Guillermo Moreno” sentado en un área estratégica. La pregunta que se hace el sector es: ¿Se atreverán a obligar a las operadoras a vender el gas en el mercado de generación?.
Este golpe de timón, en un año donde se juega la continuidad de la administración Macri, puede terminar paralizando las inversiones de una industria que intenta reacomodarse a las reglas del mercado. La debilidad que se observa es que ni operadoras, ni distribuidoras, ni propios usuarios tienen la confianza en la actual gestión.
En este escenario complicado, el nuevo desafío energético será cubrir el pico de demanda en invierno con un valor que no impacte en los hogares; para ello, será necesario contar con el apoyo de toda la industria, que como se mencionó en algún momento, tiene más dudas y certezas.
Por Raúl Oscar Vila
