Las distribuidoras

El eslabón más delgado

“Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. La frase fue utilizada por Winston Churchill en homenaje a los pilotos británicos que salvaron al Reino Unido de la invasión alemana. Como todo en Argentina, la frase tiene una adaptación que bien puede aplicarse al sector eléctrico: “Nunca tantos dieron tanto a tan pocos”
martes, 14 de abril de 2020 · 01:21

Dicen que las sociedades aprenden de los errores cometidos, quizás -en época de pandemia- es tiempo de comenzar a reflexionar sobre cómo se constituyó el sector eléctrico argentino y analizar porque algunos actores de la cadena tienen ganancias extraordinarias y otros están sumergidos en deudas impagables.

Para entender el negocio, lo principal es saber que el sector eléctrico de Argentina es el tercer mercado eléctrico de América Latina, detrás de Brasil y México y el número 31 en el mundo. Un mercado tentador para cualquier grupo empresario.

En términos generales, la matriz energética está compuesta por el 63% de centrales que operan con combustibles fósiles (principalmente gas natural) y en segundo lugar centrales hidroeléctricas que ocupan el 27% de la torta de generación. El restante 10% corresponde a centrales nucleares y energías renovables.

Durante el 2003, el sector eléctrico argentino fue completamente rediseñado siguiendo los principios de privatización y desregulación de los servicios públicos. Hasta ese momento, se operaba bajo un diseño integral compuesto por empresas públicas, privadas y cooperativas. El nuevo esquema dividió el sistema en tres subsegmentos horizontales o negocios que, jurídica y económicamente, deberían ser independientes. Ellos son el sector de Generación, Transporte y Distribución.

Cabe señalar que la Generación funciona bajo condiciones de libre competencia mientras que el “Transporte y Distribución” fueron concebidos como “servicios públicos” que deben ser prestados por empresas privadas monopólicas.

¿En manos de quién está el sector?

Hay tres grandes grupos económicos que contralan la mitad de la demanda y de los usuarios. El grupo Pampa Energía, conducido por Marcelo Mindlin, el Grupo DESA bajo la conducción de Rogelio Pagano y el Grupo Sadesa cuyos principales accionistas son Carlos Miguens, Nicolas Caputo, Guillermo Reca y la familia Escasany. A este cartel hay que sumar a la familia Macri que, durante la gestión de Mauricio Macri, ingresó al millonario negocio eléctrico.

Un nuevo régimen tarifario y una transferencia de recursos

La administración anterior estableció un nuevo régimen tarifario que modificó radicalmente el costo del servicio para la población. El gobierno de ese entonces consideró que el costo medio anual del MWh debía ser de U$D 71, mientras que los países europeos tenían valores mínimos que oscilaban entren los U$D 20 y U$D 30 y los máximos entre U$D 45 y U$D 55.

La modificación del nuevo régimen tarifario llevó a un descomunal aumento de tarifas con el objetivo de disminuir los subsidios y equilibrar el gasto público. Bajo este modelo, los cargos fijos se incrementaron para el usuario entre el 220% y el 378%, mientras que los variables registraron subas que van desde 400% hasta 950% en consumos elevados.

Cabe aclarar que, si se suma la quita de subsidios, el incremento sobre el valor de compra de la energía fue del orden del 2.600% para las distribuidoras. Este porcentaje es independiente del traslado de las tarifas a los usuarios finales que, por distintas causas, se demoró o no se pudo continuar aplicando al ritmo de incremento que establecía el nuevo régimen.

Una justicia... tarde 

Estos aumentos fueron calificados como injustos y en mayo de 2016 la Justicia inició un proceso paulatino para minimizar y/o frenar los aumentos de tarifas que se generalizó en todo el pais. Lo llamativo es que mientras se incrementaban las tarifas, las distribuidoras independientes o regionales se endeudaban y los grupos económicos cartelizados registraban ganancias millonarias.

El balance de Enel, concesionaria de las centrales hidroeléctricas de El Chocón y Arroyito y Edesur, arrojó -según la información presentada en febrero de este año a la Comisión Nacional de Valores- ganancias por $ 4.065 millones. Otra empresa que se encuentra asociada a toda la cadena del sector eléctrico es Pampa Energía (Central Puerto, yacimiento El Mangrullo) que registro ganancias -en el balance de septiembre- por $ 73.690 millones y Transener con ganancias por $ 2.533 millones.

El investigador Federico Basualdo, ex director del Ente Nacional regular de Electricidad (ENRE) concluyó que en el período 2016-2019 las inversiones eléctricas disminuyeron respecto a 2015 pese a que las cuatro empresas eléctricas más importantes del país (Edesur, Edenor, Edelap y Edea) aumentaron sus tarifas entre un 1600% y un 2100%.

El sistema de múltiples empresas y subsectores diseñado originalmente para promover la competencia y desarrollar mercados competitivos bajo la ley 24.065 se ha cartelizado. Los tres grupos económicos que dominan el sector monopolizan las decisiones y presionan a las distribuidoras independientes de menores recursos económicos.

Para entender el significado de “cartel”, en economía, se denomina a un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado.

Pero la cartelización del sistema -en Argentina- no solo significa que un mismo grupo económico posea empresas en las tres fases en que se fragmentó el sector eléctrico; sino que también se ha extendido a todo el sector de la energía, controlando también industria del gas y del petróleo, como insumos básicos para la generación de electricidad. ​

Como sucede habitualmente, el eslabón más débil de la cadena es quien afronta el impacto de la falta de regulación y control por parte de Estado. La mayoría de las cooperativas y distribuidoras de energía del interior del país no trasladaron directamente los aumentos al consumidor implementados en la gestión anterior. Asumieron en sus balances el impacto de los incrementos de las tarifas, generando deudas millonarias en el sector más débil de la cadena: las distribuidoras.

Por otro lado, el Decreto 311/20 dispuso “la abstención de cortes de energía en caso de mora o falta de pago”. Esta situación pone a las distribuidoras nuevamente en una posición vulnerable dentro del sector eléctrico. Las generadoras y transportistas facturarán el servicio de energía a la distribuidora local, pero esta última no podrá trasladar el importe al usuario ni realizar un corte del suministro por falta de pago.

En definitiva, una historia que vuelve a repetirse. Habrá que analizar los balances en el 2021 y observar si las deudas de las distribuidoras independientes crecen al ritmo de las ganancias de los tres grupos económicos que dominan el sector de la energía. Una frase que cierra con la historia: "Nunca tantos dieron tanto a tan pocos"

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