La Justicia avanzó con paso firme y formuló cargos contra los padres del bebé de ocho meses que fue atendido de urgencia en el hospital de Las Grutas con fractura en un brazo, golpes en el cuerpo y marcas en el cuello que hacen pensar lo peor: un intento de estrangulamiento. A ambos progenitores se los imputó por lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas contra un descendiente, y el padre quedó detenido.
Durante la audiencia, el Ministerio Público exhibió una serie de pruebas contundentes: el informe médico del profesional tratante, actas de aprehensión, la denuncia penal que dio origen a la causa, constancias de notificación de derechos, evaluaciones posteriores y un informe detallado de la SENAF. Todo apunta a que las lesiones no fueron accidentales y que el bebé fue víctima de una agresión deliberada.
Los hechos habrían ocurrido en una fecha imprecisa, pero entre los días previos al 6 de junio —cuando el niño fue ingresado al hospital— y semanas anteriores. Lo concreto es que el bebé llegó con signos visibles de violencia, y eso encendió la intervención penal.
El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes apoyó la acusación sin reservas. La defensa de los adultos, por su parte, anticipó que presentará una teoría alternativa y que explicará las lesiones bajo otro encuadre. No lo hizo en esta audiencia.
El juez de garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses de investigación preparatoria, hasta el próximo 13 de noviembre. Pero la discusión de fondo fue por las medidas cautelares.
La fiscalía pidió la prisión preventiva del padre por dos motivos: el riesgo de entorpecimiento (ya que faltan entrevistas en Cámara Gesell a otras hijas menores) y la necesidad de resguardar al niño. El juez hizo lugar y ordenó que quede preso por al menos dos meses.
Para la madre, en cambio, se impusieron restricciones severas pero no la prisión. Tendrá que fijar domicilio, no podrá acercarse ni tener contacto con su hijo, salvo en los momentos que sean estrictamente necesarios para la lactancia, que deberá hacerse bajo supervisión institucional. La SENAF estará a cargo del control, mientras que el bebé continuará al cuidado de familiares.
La causa entró ahora en una etapa clave: se investigará a fondo cómo fue que el pequeño terminó con esas lesiones y si había antecedentes de maltrato en la casa. Lo cierto es que la Justicia ya dio el primer paso: los padres están imputados por atacar brutalmente a su hijo y ahora deberán responder ante el tribunal.