Un barrio rehén de bandas narcos: “hay pibes de 13 años armados”

Cuenca XV es impenetrable, incluso para los mismos vecinos que viven allí. La diferencia que marca cómo sobrevivir es si sos miembro o no de alguna de las bandas, que en la mayoría de los casos, se disputan el terreno por la venta de drogas. Los tiroteos son a cualquier hora del día. El viernes, a las 16, Miguel Sisterna llevaba un pasaje por calle Casimiro Gómez, casi Cabellera del Frío y sintió los impactos en el móvil 352, de la empresa Radio Taxi Ciudad. Una bala lo alcanzó y atravesó a la altura de la ceja, quedando incrustada en la parte posterior del cráneo. Tiene severas lesiones en el cerebro y su estado es crítico. “La Policía sabe quiénes son. La Justicia también. Acá hay pibes de 13 años que andan armados por la calle. No podemos ser nosotros los vecinos, los buchones, porque después toman represalia”, confesó el presidente de la vecinal, Juan Isidro Leguizamón.

En Cuenca XV viven alrededor de 5 mil familias, es decir, aproximadamente unas 25 mil personas. No sólo abarca el barrio propiamente sino, además, sector 2 de Mayo, Z1 y 7 de Mayo. Limita, separados por una plaza, con otra populosa barriada: Hibepa. Allí viven unas 7 mil familias, según confió a este diario el presidente de la comisión vecinal, Miguel Figueroa. Coincide con su par de Cuenca XV: “Estas bandas andan dando vueltas, es zona liberada, la verdad que estamos cansados. Los corren de un barrio, vienen para acá, y se van a otro y así siguen dando vueltas. Se ven diariamente robos y tiroteos, y los chicos que están armados son usados por mayores, entonces entran por una puerta y salen por otra”. Y agrega: “Todos critican a la Policía, pero yo creo que el problema está en la justicia, es muy lenta”.

Para Leguizamón, el problema es que no tienen medios ni presencia policial. Dice que sólo hay 2 patrulleros para toda esa zona. “Los chicos que delinquen saben los horarios de la Policía.  El poco dinero que tienen los vecinos lo están gastando en ponerle rejas a sus casas, porque no les alcanza para alamas, pero viven presos. En las plazas no pueden andar los pibes porque están estas bandas armadas, hay chicos de 13 años -y de menos edad también- armados en la calle”, relató. La situación es tan caótica que desde la vecinal de Cuenca XV están pidiendo un censo, porque la gente no quiere vivir más en el barrio, ya no saben quién es el que está al lado. “Se tirotean a cualquier hora, la gente tiene que estar encerrada. Todos corremos peligro, la Policía lo sabe, la Justicia también, pero no hacen nada. La gente ya no denuncia porque recibe represalias entonces, para las estadísticas, está todo bien, no pasa nada”, reflexionó el vecinalista.

La situación no es nueva. Ni la inseguridad ni la realidad distorsionada que trabaja en base a falsas estadísticas. La misma conducción de la comisión vecinal está al frente desde hace 5 años. “Siempre fue igual. Y también hay que decir, que los pibes roban y alguien les compra. Porque además, hay que aclarar que estas bandas viven acá en el barrio, no vienen de afuera, dan vueltas por acá, pasan por Gran Neuquén Norte e Hibepa, son los mismos”, aseguró Leguizamón.

Quizás para dimensionar esta triste realidad y que no resulte sólo una verborrágica confesión de vecinos hartos de unos 20 muchachos (más un puñado de menores de edad “utilizados” por estos adultos) que componen estas bandas, vale este simple ejemplo. En los diferentes barrios de la ciudad de Neuquén, hay horarios y días donde los vecinos reciben las garrafas sociales, operatoria que se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. En Cuenca XV ese día es el jueves, de 10 a 11,30. “Los vecinos no sólo no pueden salir a trabajar porque les roban, sino que ni siquiera pueden ir a buscar la garrafa porque los golpean para sacárselas. Cada envase cuesta unos 3 mil pesos. Esta es la realidad que vivimos, ya no damos más”, contó Leguizamón.  Por la misma inseguridad -comentó- los proveedores ya no quieren entrar al barrio. “Mucha gente está dejando las casas, están cambiando las viviendas. Están pidiendo 120 mil pesos o 200 mil pesos, y algunos cambian casa por casa”, asegura.  

“Todos saben donde venden droga y alcohol. Si nosotros sabemos, también sabe la Policía”, concluyó.