Después de casi tres décadas detenido, Claudio Rodolfo Kielmasz sigue buscando cómo salir de la cárcel. Esta semana la Jsuticia rionegrina tramita un hábeas corpus en el que alega abandono, falta de atención médica y nulo tratamiento psicológico. Es el único detenido por el crimen de Paula y María Emilia Gonzalez y Verónica Villar, ocurrido en noviembre de 1997 lo que se denominó en los medios como el "Triple Crimen de Cipolletti".
Kielmasz estuvo involucrado en el crimen de Yanet Opazo en 1993, pero la Justicia se apuró y lo sobreseyó. Cinco años después, este psicópata con cara de bueno e de inofensivo, estuvo involucrado en la muerte de María Emilia González (24), su hermana Paula (17) y Verónica Villar (22), ocurrido el 9 de noviembre de 1997 en Cipolletti. Las tres jóvenes fueron secuestradas, golpeadas, abusadas sexualmente y ejecutadas de un disparo en la cabeza. El caso conmocionó a todo el país y se convirtió en un símbolo del reclamo por justicia y contra la impunidad. Y le puso un manto de oscuridad a la Justicia cipoleña qu enunca pudo resolver este caso como los de otras mujeres asesinadas, como Diana Del Frari, Ana Zerdán y las tres víctimas de la Masacre del Laboratorio: Mónica García, Carmen Markovechio y Alejandra Carbajales.
Kielmasz se autoincriminó el el Triple Crimen, fue quien le dio el arma a Ulises González, el padre de dos de las víctimas. Hasta lo acompaño a buscarla debajo de un puente muy cerca de las vías del ferrocarril donde las encontraron. De testigo pasó a ser sospechoso. Lo juzgaron y permanece detenido en unidades del Servicio Penitenciario Federal. Está alojado en el penal de Santa Rosa, La Pampa. Cada tanto vuelve a la carga con pedidos judiciales para acceder a salidas transitorias o morigeraciones de pena, pero todos han sido rechazados por el mismo motivo: las pericias psiquiátricas coinciden en que se trata de un sujeto con rasgos psicopáticos, sin evidencia de resocialización.
Pese a ese contexto, el juez de Ejecución Fernando Romera pidió al director del penal un "plan de tratamiento individual" que contemple posibles condiciones para su reinserción social. También solicitó un informe médico, la incorporación del interno a un sector de autodisciplina, y datos sobre posibles referentes familiares que puedan asumir un rol de acompañamiento si eventualmente se evalúa una salida.
Kielmasz se mostró molesto por la falta de continuidad en su tratamiento psicológico. Cuestionó que lo atendía una psicóloga, pero fue reemplazada por un profesional que apenas lo vio cuatro veces. Según su relato, ese psicólogo le habría confesado que "tenía que hacerle informes negativos" porque cumple una condena a perpetua.
Apelando a una parábola siniestra, dijo que "quieren que sea un Robledo Puch", en alusión al asesino serial argentino que lleva más de 50 años preso. Aclaró que no lo es y que no representa un peligro para sí mismo ni para terceros. Se preguntó por qué, si Robledo Puch tuvo fallos a favor, a él "no le permiten ni un beneficio, cuando ni siquiera tiene informes negativos".
También criticó que no le hayan permitido asistir al velorio de su hermana y su sobrina, fallecidas hace poco tiempo. Aseguró que nadie gestionó siquiera los certificados de defunción para autorizar su salida. "Entiendo que no me quieren dejar salir más", expresó. "Pero si en 30 años no hicieron nada conmigo, la culpa es del Servicio Penitenciario, no mía", reflexionó con un razgo de razón.
Su defensora oficial, Victoria Martínez, pidió que se le permita iniciar un tratamiento psicológico sostenido. Reconoció que existen informes desfavorables para el régimen de salidas, pero cuestionó que no se haya trabajado de manera profesional con su defendido durante todos estos años. Planteó que se debería organizar un sistema de seguimiento extramuros y permitirle iniciar un régimen de mayor apertura dentro del penal.
La fiscal Susana Carrasco, en representación del Ministerio Público, advirtió que no se entrevistó a familiares, que no se elaboró un informe socioambiental y que los constantes traslados a distintas unidades federales complican cualquier plan de seguimiento. También criticó la falta de comunicación entre el penal y la Justicia, especialmente luego del fallecimiento de su hermana, hecho del que no fueron notificados.
Desde la condena en 2001, la figura de Claudio Kielmasz fue siempre rechazada por la comunidad cipoleña. Es el rostro visible de uno de los crímenes más brutales y aberrantes de la historia reciente del Alto Valle. La Justicia sigue sosteniendo que no hay condiciones para otorgarle beneficios. Sin embargo, la insistencia del condenado y los vaivenes del sistema penitenciario vuelven a ponerlo en el centro del debate.