El ex comisario Miguen Angel “Taka” Muñoz, quien fue jefe de la comisaría 18 del barrio Gran Neuquén, y los oficiales Christian Navarro –de Antinarcóticos- y Pablo García Saldías –de Delitos contra la propiedad-, fueron condenados a siete años de prisión como integrantes de una banda criminal dedicada a la venta de drogas.
El jefe de esa narco banda, el también ex policía Omar “El Turco” Asef recibió una condena a ocho años y seis meses de prisión como “organizador del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización y tenencia con fines de comercialización, agravadas por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos y por haber sido cometidos por funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley”.
La sentencia se conoció el pasado jueves y fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. La instrucción de la causa se inició allá por 2019 y estuvo a cargo del juez federal Gustavo Villanueva.
El 3 de diciembre de 2020, fue el comienzo del fin de la narcobanda cuando efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal con asiento en Cipolletti desplegaron varios uniformados para concretar 17 allanamientos simultáneos.
Fue así que Silvio Sarabia, jefe de esa dependencia federal, dijo por entonces que se estaba frente a una “organización importante”, desbaratada tras la realización de los allanamientos que posibilitaron la detención de cuatro efectivos policiales de Neuquén y cinco civiles, además del secuestro de drogas, armas, teléfonos celulares y automóviles.
Los allanamientos –que contaron con la colaboración de personal del grupo especial UESPO- se realizaron en domicilios particulares considerados “puntos de venta” de estupefacientes, pero también fueron allanadas la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén, la comisaria tercera del barrio Progreso, el departamento Delitos y la dirección Antinarcóticos que funciona en Alta Barda.
A medida que avanzaba la investigación se fueron conociendo episodios de violencia que conectaban inexorablemente a los policías detenidos.
Por ejemplo, nunca se los dejó de investigar por el violento robo ocurrido en Senillosa en la que un comerciante fue brutalmente golpeado por delincuentes que vestían camperas de la Policía. Y se investiga si el comisario Muñoz –con domicilio en esa localidad- tuvo alguna participación activa o como ideólogo del golpe.
Uno de los detenidos –el sargento Ortega- trabajaba en el predio de la jefatura de Policía de Lanín y Saavedra y estaba en pareja con una comisario, reveló la fuente consultada en su momento.
Y tampoco se descartó la intervención de la narco banda con la balacera contra el frente de la comisaría 18 atribuida al comisario Cristian Castillo, cuyo cadáver apareció en la localidad rionegrina de Campo Grande con un disparo en la cabeza. La comisaría del barrio Gran Neuquén también estuvo en la agenda de los allanamientos.
El rol de los policías detenidos
Conforme pudieron averiguar los investigadores, los agentes policiales detenidos “cobraban un salario” semanal por sus servicios. Se efectuaban en dinero o con la entrega de vehículos. Los montos aumentaban dependiendo del valor de la cocaína en la calle.
Las tareas incluían dar aviso y prevenir a los demás miembros de la banda sobre investigaciones en curso, suministrar droga y armas de fuego incautadas en otras pesquisas, e incluso allanar a otras organizaciones con el objetivo de “eliminar la competencia”, circunstancias que quedaron plasmadas en numerosas comunicaciones producidas entre ellos.
La organización era investigada desde mediados de 2019 en diversos expedientes judiciales, pero a pesar de sufrir dos allanamientos no se había logrado interrumpir, aún, sus actividades. No obstante, el panorama cambió cuando en mayo de 2020 se ordenó la acumulación de las diversas causas, lo cual permitió analizar el fenómeno de forma global y de esta manera advertir el complejo entramado narcocriminal y de corrupción policial en el que operaba la banda. Según la pesquisa, la banda operaba desde junio del 2019.
La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal 2 de Neuquén y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Miguel Palazzani y Diego Iglesias, y el titular del Juzgado Federal 2 Gustavo Villanueva.
Los chats esclarecedores