DOS DÍAS DE AUDIENCIA

Estafa con planes sociales: todos los avances de la causa

La cantidad de personas imputadas pasó de 19 a 28: hay cinco funcionarios señalados por liderar la asociación ilícita.
viernes, 29 de septiembre de 2023 · 13:04

Este jueves y viernes, se desarrolló una nueva audiencia por la causa de estafas en la administración de planes sociales en el Ejecutivo provincial. La unidad fiscal de Delitos Económicos amplió la acusación por la investigación, donde la cantidad de imputados pasó de 19 a 28 personas. Asimismo, se establecieron responsabilidades en cinco niveles diferentes.

A los ya imputados Soiza, Sanz y Osuna, se sumaron dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. El fiscal del caso, Juan Narváez, detalló que los acusados “pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener de dinero proveniente de fondos del Estado provincial, de manera ilegítima”.

Los cuatro niveles restantes se definieron como: el de colaboradores directos de los jefes, el de quienes se ocupaban de reclutar posibles beneficiarios de planes sociales el de quienes extraían el dinero y el de quienes eran incluidos o incluidas como beneficiarias de planes sociales sin reunir los requisitos. 

A Soiza, Sanz, Osuna, Di Luca y Siengentharler, la fiscalía les atribuyó el delito de asociación ilícita, en carácter de jefes, en "concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real, en carácter de coautores (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15;  174, inciso 5; y 45 del Código Penal)". El resto fue acusada por integrar la asociación ilícita, en "concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9303 hechos en concurso real (artículos 210, primer párrafo; 163, inciso 15; y 174, inciso 5 del Código Penal)".

La reformulación de cargos en estas jornadas judiciales comprendió a 27 personas, entre particulares y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, otras tres personas no se presentaron a la oficina judicial y serán acusadas en una nueva audiencia. 

Tras escuchar  a las partes y todos los planteos de las defensas, la jueza de garantías Estefanía Sauli tuvo por formulados los cargos contra todas las personas imputadas. 

Vignaroli: "Entendemos que la investigación va por buen camino"

Tras la finalización de la audiencia, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien está a cargo de  la unidad fiscal de Delitos Económicos, declaró en Mitre Patagonia sobre los avances de la causa y el trabajo de la fiscalía. "Hemos presentado evidencia que sustenta de manera contundente en relación a la asociación ilícita, los roles que tuvieron y los hechos que cometieron", comentó.

Asimismo, detalló los avances en la última audiencia: "Ampliamos la imputación en lo que tiene que ver con hechos con cheques, a otros hechos con tarjetas de débito y también ampliamos imputados. En este caso, se asignó el rol de organizador al ex ministro Di Luca y al señor Tomás Siengentharler. Y se agregó otras personas que estaban dentro de la órbita de la administración del Ministerio como partícipes de la asociación". Sostuvo que esto fue "un paso previo" para continuar con la investigación y afirmó que "la investigación va por buen camino". 

 Por otra parte, Vignaroli adelantó que algunos defensores anticiparon este viernes que pedirán una ampliación del plazo de investigación. El fiscal declaró que esto se debe a que son "nuevos" en la causa, pero también sostuvo que "la fiscalía quizás tenga que pedir alguna ampliación". 

La investigación de la unidad fiscal sostiene que la asociación ilícita se apropió $153.377.900 de la administración pública entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022. Al ser consultado si la investigación debería indagar a fechas previas a lo marcado, declaró:  "Este tipo de hechos son muy complejos y hemos tomado una determinación: planes relacionados con desocupados vamos a mantener este periodo de tiempo". Pero, aclaró que esto no indica que en el futuro no surja una nueva investigación relacionada con otros tipos de programas; como por ejemplo, el subsidio social transitorio. 

Además, también comentó que "si surge la evidencia que la maniobra con estos cheques" se produjeron con anterioridad al 2020 "obviamente" lo van a ampliar. "Pero en principio, la evidencia nos indica que la maniobra ha empezado a realizarse a partir del pago de septiembre del año 2020. Maniobra que se había realizado con cheques y que después fue mutando a tarjetas de crédito y posteriormente coexistieron", aseveró. 

Sobre la no presentación de Soiza a la audiencia, confirmó que terminó saliendo por Zoom por un mal entendido de las fechas estipuladas: "Todos los abogados que estaban aquí presentes tenían su agenda ocupada y se hizo por Zoom. Yo entiendo que no debería haber sucedido esto, pero no conozco los motivos por lo cual él ya no quiso venir".

Otros imputados en la audiencia de este jueves también habían solicitado asistir a la audiencia vía remota, pero como no tuvieron justificativo debieron hacerla presencial. Por su parte, Di Luca presentó un certificado médico y salió por Zoom. Además, otras 4 imputadas -arrepentidas- plantearon que no querían estar presentes en la sala por "temor a represalías". 

Esta semana, también por Mitre Patagonia, el ahora ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Germán Chapino, comentó que las asignaciones se están realizando de forma "artesanal" debido a que la Justicia se llevó el sistema. Vignaroli aseguró que ese servidor "era necesario tenerlo" y agregó: "El proceso para poder sacar la información no es de un día para el otro. Y bueno, estas dificultades nos exceden a nosotros". Y concluyó: "Deberían haber tomado sus recaudos para poder continuar el pago con otros métodos". 

El próximo 29 de noviembre se presentará la acusación, la cual se trasladará a la defensa y esta misma ofrecerá sus pruebas. Después, en una gran audiencia, se definirá con qué evidencia se ira a juicio. 

 

 

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