Estafaron a 10 familias por $42 millones y no irán presos

El sueño de la casa propia de 10 familias se convirtió en una pesadilla cunado decidieron entregarles sus ahorros a una pareja de estafadores, que se quedó con el dinero y nunca cumplió con el contrato. Luego de años de procesos y de denuncias en su contra, los supuestos empresarios fueron considerados culpables en 10 casos por los que se quedaron con unos 42 millones de pesos. Pese a considerarlos culpables, la Justicia de Río Negro consideró que no debían ir presos y los condenó a tres años de prisión en suspenso.

Nicolás Fotti, de 25 años, y su pareja Carla Sosa, de 27,  tenían una casa de venta de milanesas, pero en poco tiempo el negocio mutó a un corralón (Terrasur). Las ganancias le permitieron dar un paso más y montar una empresa dedicada a la construcción de viviendas (In-Tec), en la que vendían el servicio con la modalidad llave en mano. 

Las estafas sucedieron entre 2020 y 2022 y en el juicio quedó perfectamente acreditada la maniobra, que consistía en la venta de materiales de construcción que nunca entregaban de manera completa y en otros, directamente la construcción de la vivienda que nunca se realizaba. en ambos casos, la pareja siempre reconocía un atraso pero nunca se refería a la imposibilidad de cumplir con lo acordado.

El Tribunal de Juicio de Roca, integrado por los jueces Gastón Martín, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez, sostuvo que el paquete de pruebas presentado por la fiscalía y la parte querellante fue "preciso, convergente y concordante" para tener "certeza positiva" sobre los hechos y la culpabilidad de los acusados.

En dos casos, se probó la estafa por la no construcción de la vivienda contratada por las víctimas. "No fue un incumplimiento contractual. Desde el inicio los imputados sabían que no tenían la capacidad técnica, económica y financiera para llevar adelante la construcción de viviendas", se explicó en la sentencia, en la que más adelante describió cómo se realizaba el engaño: "la participación de un escribano en el contrato y la firma de pagarés era para darle una apariencia de seriedad y seguridad al negocio jurídico, que de no haber sido así, probablemente no se hubiera realizado. Toda esa tarea fue parte de una maniobra cuyo objetivo era asegurar la disposición patrimonial de las víctimas".

"La empresa constructora InTec no tenía habilitación comercial para la actividad, tampoco profesionales propios de la actividad como arquitectos o maestro mayor de obra, no había planos ni se especificaba la cantidad y la calidad de los materiales comprometidos", figura entre los fundamento.

En los otros ocho casos, las estafas se desarrollaron con la venta de materiales de construcción a través del comercio que no tenía habilitación municipal, ni estaba registrado en AFIP ni en el Registro de Personas Jurídicas. "La venta de materiales en ferretería Terrasur era un escaparate para atrapar incautos. No tenía habilitación comercial y vendía materiales de construcción que no tenía en su haber. La modalidad de acopio era una falsedad, porque no tenían en su poder los materiales que vendían. No cumplieron con las entregas pactadas, en algunos casos el incumplimiento fue total y en otros fue parcial", se expresó.

Luego del veredicto de culpabilidad, el tribunal resolvió la pena. Explicaron que se tuvo en cuenta la cantidad de hechos cometidos y el daño patrimonial causado a las víctimas, estimado en 42 millones de pesos. También, se valoró el daño moral sufrido y el aprovechamiento de su necesidad habitacional. En tanto que como atenuante se tuvo en cuenta la edad de los estafadores, que no tenían antecedentes penales y su intención de reparar los daños causados.

Entonces, los jueces Martín, Stadler y Rodríguez resolvieron que no deberían ir presos, por eso los condenaron a 3 años de prisión de ejecución condicional, con la advertencia de que la pena se transformará en prisión efectiva en caso de violar las reglas de conducta establecidas en la sentencia.