La gestión de una jefa comunal de la región se encuentra inmersa en un escandalo político y judicial a raíz de una denuncia del Tribunal de Cuentas por contrataciones y pagos indebidos. La Policía de Río Negro llegó de manera sorpresiva a la oficina de Hacienda del municipio de Ingeniero Huergo para secuestrar documentación relacionada con la recaudación en efectivo y el pago a proveedores. Los protagonistas de esta trama de corrupción incluyen a la intendenta Silvia Noemí Penilla, su Subsecretario de Gobierno, Darío Rafael Cavia, y su esposa, quien le prestaba el nombre para facturar. La causa que investiga el Ministerio Público es por peculado y abuso de autoridad.
La denuncia penal, presentada esta semana, lleva la firma de la Presidente del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos, el vocal Rodrigo Amorosi, y los concejales de la UCR, Antonio Casanova y Gabriela Martín. Según el abogado querellante, Federico Diorio, el escándalo estalló cuando se descubrió que Cavia, designado por decreto como Subsecretario de Gobierno el 10 de diciembre de 2023, nunca fue registrado oficialmente ni como empleado ni como prestador de servicios.
El caos administrativo se desató cuando, al no tener una figura jurídica definida, el Municipio accedió a que la esposa de Cavia gestionara un Monotributo para facturar los servicios que su esposo prestaba como funcionario. La denuncia indica que la mujer empezó a facturar en nombre de su esposo, una maniobra que fue calificada por los denunciantes como un claro abuso de autoridad y peculado.
En la denuncia se relatan dos delitos, uno por parte de Cavia y su esposa, que hasta puede llegar a tener consecuencias en AFIP por facturar a nombre de otra persona. Y por otra parte la acción de la intendenta, que accedió a una defraudación. No sólo por no blanquear al funcionario como empleado municipal, también a aceptar facturas a nombre de un tercero. Pero eso no es todo, porque en la documentación que hizo encender la alerta, se comprobó que la esposa del subsecretario de Gobierno facturó por un monto y los pagos recibidos a través de transferencias bancarias fueron bastante menores.
La maniobra que suponen las autoridades del Tribunal de Cuentas y los concejales radicales, es que desde Hacienda del municipio se aprobaban pagos en efectivo a nombre de la mujer de Cavia y el resto se completaba con las transferencias desde las cuestas bancarias del municipio.
El caso se complica aún más con la acusación de que se hizo un contrato retroactivo para el funcionario designado con fecha de mayo de 2024, lo que implica una grave irregularidad en los procedimientos administrativos. En la presentación judicial especificaron que la intendenta, Cavia, y su esposa están implicados en una trama de corrupción que desvió fondos públicos para fines personales.
Las acusaciones incluyen dos cargos de abuso de autoridad y dos de peculado en concurso real contra la intendente Penilla, y un cargo de abuso de autoridad y otro de peculado en concurso real contra el Subsecretario de Gobierno. La esposa del funcionario también está implicada por peculado en calidad de partícipe necesaria.
En el allanamiento de esta mañana, secuestraron libros contables, archivos informáticos y otros documentos clave para avanzar en la investigación y evitar que desde el municipio alguien pueda hacer desaparecer esas pruebas. Trascendió que Carvia prestaba servicios como Pañolero del Corralón Municipal, pero que el 10 de diciembre pasó a ser subsecretario de Gobierno, un rango de funcionario previsto en el organigrama de autoridades aprobado por el Deliberante local.
De acuerdo con el Artículo 252 del Código Penal, los funcionarios implicados podrían enfrentar multas e inhabilitaciones de hasta dos años. El Artículo 261, prevé penas más duras, incluyendo reclusión o prisión de 2 a 10 años, así como inhabilitación absoluta perpetua para quienes sustraigan fondos públicos.