Los farmacéuticos condenados por estafas al Ipross vuelven a ser noticia. No se trata de un acto de justicia efectiva, sino por los beneficios que reciben aún después de haber sido hallados culpables. Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró fueron finalmente detenidos con prisión preventiva, pero no la cumplirán en una cárcel común: fueron llevados a El Maruchito, una unidad reservada para presos de confianza, policías y personal penitenciario, lejos de la población carcelaria normal.
La decisión fue tomada por el Servicio Penitenciario provincial, argumentando “cuestiones de seguridad”, lo que les permitió evitar su ingreso a la ex Alcaidía de Roca. El dato no es menor: en El Maruchito compartirán el edificio con otro condenado por delitos aberrantes, el ex periodista Emiliano Gatti, preso por distribuir imágenes de abuso sexual infantil.
Esta no es la primera vez que los protagonistas de esta multimillonaria estafa logran esquivar la cárcel. Desde el año pasado, se beneficiaron de una larga lista de medidas dilatorias, recursos judiciales y beneficios procesales que les permitieron seguir en libertad pese a la codnena en su contra. Hoy, aunque fueron detenidos, no están cumpliendo la pena: la Justicia aclaró que siguen bajo prisión preventiva, ya que aún pueden apelar ante la Corte Suprema.
En este marco de “excepciones”, también se inscribe el caso de Sandra Fasano, la cuarta condenada y considerada por la Justicia como la principal responsable del fraude. Fue hallada culpable de 574 estafas y recibió la pena más alta: 9 años y medio de prisión. Sin embargo, no pisará una cárcel: cumplirá la prisión preventiva en su domicilio, supuestamente por problemas de salud certificados por médicos oficiales.
Estafa al Ipross: 1.063 hechos y un fraude de 4.700 millones de pesos
La causa revela una trama sistemática de corrupción. Se probó que los farmacéuticos utilizaron los sistemas informáticos del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro para cargar recetas truchas de medicamentos de alta complejidad -como los utilizados para epilepsia o diabetes- que nunca se vendieron. Los remedios, con cobertura del 100% por parte de IPROSS, generaban pagos millonarios sin auditoría.
El tribunal, integrado por los jueces Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido, determinó que cada rendición de recetas era una estafa independiente, acumulando 1.063 hechos fraudulentos. En su fallo, afirmaron que existió un plan común entre la ex auditora del Colegio y los tres farmacéuticos, con intervención directa y sostenida de todos ellos.