A Paola Ceballos le dieron de baja a fines de agosto de 2022 de su trabajo como empleada administrativa en el área Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que se destapara la megaestafa con planes sociales en Neuquén.
Esta mujer de 49 años declaró este miércoles como testigo en el juicio por el que están imputadas 14 personas -exfuncionarios del ministerio, empleados públicos, punteros políticos, entre otros- por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito. Se sospecha que el dinero fue desviado para uso partidario del MPN y beneficio personal de los acusados.
La mujer había ingresado con una planta política a mediados de 2016. Indicó que recibía, junto a otras empleadas, las notas con lista de beneficiarios de planes sociales que acercaban referentes de agrupaciones sociales (FOL, Barrios de Pie, Polo Obreros) y punteros políticos del MPN.
Precisó que el listado con las altas y bajas de beneficiarios “lo decidía Ricardo Soiza”, quien por entonces era director de Planes Sociales del ministerio de Desarrollo Social, imputado en la causa y el jefe principal de la banda.
“Ibamos a los cajeros a sacar plata, íbamos en horario de trabajo como también fuera del horario e incluso los fines de semana. Tenía entre 18 y 20 tarjetas que me las daba Marcos Osuna o Pablo Sanz”, dijo. “Íbamos en auto, sacábamos hasta 20 mil pesos en diversos cajeros, imprimíamos los tickets y, si había mucha gente, cambiábamos de cajero”, agregó
Dijo que apenas estalló el escándalo de los planes, la despidieron y hasta hoy sigue desocupada.
La investigación judicial por la millonaria estafa con planes sociales (en su momento 153 millones de pesos, cuyo monto total actualizado, según la fiscalía, supera los 1000 millones de pesos), comenzó gracias a un reporte confidencial del área de Prevención de Fraudes del Banco Provincia del Neuquén (BPN).
La estructura funcionaba con una lógica implacable. Se otorgaban planes sociales cruzando notas y datos de Anses, y el alta definitiva la decidía Soiza.
En su testimonio dejó al descubierto una maquinaria aceitada de desvío de fondos públicos, con jefes que daban órdenes, castigos si algo salía mal, y un clima de miedo permanente. Contó que, desde 2016, comenzó trabajando archivando notas y fotocopias de DNI, y luego procesaba solicitudes de planes sociales que llegaban por punteros del MPN o de agrupaciones sociales.
Contó que “íbamos a los cajeros a sacar plata, íbamos en horario de trabajo como también fuera del horario e incluso los fines de semana. Tenía entre 18 y 20 tarjetas que me las daba Marcos Osuna o Pablo Sanz”, dijo. “Íbamos en auto, sacábamos hasta 20 mil pesos en diversos cajeros, imprimíamos los tickets y, si había mucha gente, cambiábamos de cajero”, agregó. Señaló que iba a los cajeros con otra empleada del área, "ibamos de a dos porque sacábamos mucha plata y teníamos miedo que nos roben”. El dinero se lo entregaban a Sanz, su jefe directo desde 2020, quien lo contaba y guardaba en una caja azul. "Pablo (Sanz) llevaba la caja con el dinero a la oficina de Ricardo Soiza", describió.
En otro momento de su relato, precisó que le daban cheques a su nombre (con cifras que superaban los 40.000 pesos), “al principio uno o dos cheques, después más de diez”. Para la testigo eso formaba parte de su trabajo, a pesar de hacerlo fuera del horario laboral o fines de semana “Nunca dije que no. No quería tener problemas con nadie y menos perder el trabajo”. Los cheques eran firmados por ellas y luego entregados en sobres a punteros políticos. La operación era tan meticulosa como clandestina.
Una de las testigos puntualizó que "recibía los cheques a nombre de todos los que trabajábamos en Planes Sociales en un sobre que me daba Luis Gallo (exdirector de Finanzas, imputado en este juicio) o alguna de sus secretarias, y me hacía firmar un recibo por la cantidad de cheques, no por el monto". Luego volvía a la oficina en la calle Rivadavia 46 donde Pablo Sánz o Marcos Osuna repartían los cheques. Los empleados los endosábamos y se los entregábamos a los referentes para que los cobraran”.
“Nunca dije que no. No quería tener problemas con nadie y menos perder el trabajo”. Los cheques eran firmados por ellas y luego entregados en sobres a punteros políticos. La operación era tan meticulosa como clandestina.
La testigo agregó que le pedían que depositen los cheques en sus cajas de ahorro, retiraran el efectivo por cajero y le llevaran el dinero a Sanz. “Él lo guardaba en la caja azul o se lo llevaba a Soiza”. Se le preguntó si sabía qué hacían con ese dinero. “No se lo que hacían”, respondió.
La mujer aportó nombres de personas que iban a la oficina del ministerio de Desarrollo Social en la calle Rivadavia para retirar sobres con dinero. Mencionó a Walter Jonsson, exministro de Desarrollo Social. Otro de los mencionados que recibían cheques era el contador Julio Arteaga y Alfredo Cury, abogado e imputado en esta causa.
En su relato recordó que si en alguna extracción un cajero retenía una tarjeta, la consecuencia era inmediata: “Pablo te llamaba la atención. Había presión, tenías que cumplir”. Y agregó que el ambiente de trabajo estaba atravesado por el maltrato, especialmente de figuras como Esther Villalobos, y un fuerte miedo al castigo. “Nosotros éramos los de más abajo y nos teníamos que quedar callados”, declaró.
Ambas mujeres que declararon este miércoles fueron dadas de baja en el ministerio en agosto de 2022, luego de que el BPN confirmara que participaron en extracciones irregulares. Incluso después de las bajas, el intento de mantener la red cohesionada persistió. “Nos dieron 100 mil pesos de apoyo económico. Y nos pidieron que nos mantuviéramos unidos. El abogado dijo que si alguien se salía, iban a ir contra esa persona”, relató.
Contó que en una oportunidad “el cajero me chupó la tarjeta, ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Le avisé a Pablo (Sanz) y me retó. Las tarjetas se bloquearon cuando empezó la investigación en julio de 2022”. Confesó que Marcos Osuna le pidió que “saque toda la información que tenía en la computadora y la ponga en un pen drive”. “Nos dijeron que no nos preocupemos, que era algo político y que iba a pasar”. Agregó que también le dijeron que “nos iban a contener, que si algo nos pasaba nos iban a cubrir el sueldo".
Ambas mujeres que declararon este miércoles fueron dadas de baja en el ministerio en agosto de 2022, luego de que el BPN confirmara que participaron en extracciones irregulares. Incluso después de las bajas, el intento de mantener la red cohesionada persistió. “Nos dieron 100 mil pesos de apoyo económico. Y nos pidieron que nos mantuviéramos unidos. El abogado dijo que si alguien se salía, iban a ir contra esa persona”, relató.
No fueron las únicas. Sus testimonios dejaron en evidencia la dimensión de una red que habría operado durante años, combinando necesidades sociales, manejos políticos y una fuerte cultura del silencio.
El fraude no solo fue económico: dejó a la intemperie la vulnerabilidad de quienes debían recibir esa ayuda. Y también la de los que, por miedo, fueron parte de la maquinaria.