Este lunes se inicia el juicio oral por una presunta asociación ilícita que operó entre 2020 y 2022 desde el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior. Catorce personas, entre exfuncionarios, empleados públicos y particulares, están acusadas de cometer más de 9.000 fraudes que perjudicaron al Estado por más de $1.000 millones.
