La "Banda de los viejos", centro de atención en Viedma

El escándalo político-social generado por la divulgación de una investigación acerca de menores bajo tutela del Estado, prostituidas en Viedma, seguirá esta semana y se esperan dos novedades posibles y fuertes: podría ser indagado el juez Juan Antonio Bernardi, y se organiza para el martes una marcha pidiendo justicia.

Mientras tanto, crece la expectativa en la capital rionegrina por saber quiénes integran lo que se denomina en jerga popular "La Banda de los Viejos”, un presunto grupo constituido por personas maduras, todas de condición social acomodada, que sería el principal beneficiario de la perversa utilización de chicas (mal) cuidadas por el Centro de Atención Integral de Niñas y Adolescentes (CAINA).

Este lunes 23, el fiscal de la causa, Juan Pedro Puntel, se quejó en declaraciones a la prensa de la divulgación de la investigación, que lleva según la Justicia ha confirmado más de un año. Según el funcionario, los informes periodísticos "han perjudicado” esa pesquisa judicial.

Sin embargo, otros opinan que la aparición en los medios la ha beneficiado en lo que hace a la transparencia y la celeridad. Este abordaje nace de la presunción de que si no se hubiera hecho pública, la investigación podría haber terminado en nada.

Lo cierto es que la pesquisa ya produjo, indirectamente, el suicidio de un imputado, Fabián Peralta. Este hombre, empleado del Estado, se quitó la vida avisando a sus relaciones que no tenía salida de la situación en que se encontraba en relación a la causa. Se teme por una eventual cadena de casos similares, desesperados.

La repercusión política del caso ya parece además imparable en tiempos electorales. La senadora rionegrina Magdalena Odarda dio a conocer declaraciones al respecto, requiriendo una rápida acción transparente por parte de la Justicia, y las garantías de seguridad para las menores víctimas de estos aberrantes hechos que ahora se investigan.

Todos los ojos políticos apuntan al ministro del área encargada del CAINA, donde estaban albergadas las menores corrompidas por la prostitución. Ricardo Arroyo, el ministro, fue quien reveló, confirmando los rumores, los primeros detalles de los hechos. Esto no ha bastado, sin embargo, para que el gobierno de Alberto Weretilneck pudiera despegarse de eventuales responsabilidades, directas o indirectas.