El viernes se definirá si un médico del hospital de Cipolletti es enjuiciado o sobreseído, acusado de haber obligado a una joven a continuar con un embarazo producto de una violación. En la audiencia del control de acusación, la defensa pidió el sobreseimiento y la fiscalía se opuso.
Al inicio del control de acusación el equipo de fiscales integrado por Santiago Márquez Gauna, Rita Lucía y la adjunta Anabella Camporessi, aclaró que la imputación que pesa contra el profesional de la salud no es por negarse a realizar el aborto, sino que es porque una vez iniciado el proceso y consiente que el embarazo era producto de una violación, que la joven víctima había ingerido medicación para interrumpir el proceso de gestación y que cumplía con todos los requisitos para acceder al protocolo de interrupción legal del embarazo, administró la medicación necesaria para detener el proceso. De esta forma habría obligado a la joven a seguir gestando.
En este sentido los fiscales describieron que el hecho ocurrió el pasado 2 de abril de 2017, cuando una joven ingirió medicación para interrumpir el embarazo que cursaba producto de una violación y que posteriormente fue asistida en el hospital de Cipolletti, derivada del centro de salud de Fernández Oro. En el nosocomio informó al tocoginecólogo sobre lo sucedido y el profesional administró medicación con el fin de inhibir las contracciones y detener el aborto en curso.
Según manifestaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, el profesional ya tenía conocimiento de la intención de la paciente de interrumpir el embarazo, toda vez que una médica y una psicóloga del hospital de Fernández Oro se lo habían informado, circunstancias en las que el acusado se negó a practicarlo solicitando un informe psiquiátrico que no es requerido por la legislación vigente.
Con su accionar, el médico habría incumplido con lo normado por la Ley Provincial R 4.796 el decreto provincial 182/2016, entre otras normativas. Todas las anteriores regulan el derecho de las víctimas de abusos sexuales que resultaran embarazadas producto de la violación a acceder a la interrupción legal de su embarazo y su no acatamiento encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.