La Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, manifestó preocupación por las políticas nacionales que afectan negativamente a las personas con discapacidad, en el contexto de un pronunciamiento conjunto de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). El pronunciamiento, emitido tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Senado, advirtió sobre el riesgo de regresividad en derechos adquiridos, la falta de financiamiento adecuado y el avance de auditorías masivas sin criterios claros. Santagati reclamo que se garantice el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008.
La ley sancionada por el Senado busca actualizar aranceles, asegurar pensiones no contributivas, fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y proteger a los prestadores mediante un régimen de emergencia. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la norma, lo que genera incertidumbre en miles de familias que dependen de estos servicios. “Las personas con discapacidad no pueden esperar. Necesitan respuestas hoy, no promesas futuras ni ajustes que los excluyan”, expresó Santagati.
Desde la Defensoría se remarcó que el enfoque actual del Gobierno nacional retorna a un modelo médico y asistencialista, dejando de lado el paradigma social de la discapacidad, que reconoce las barreras estructurales como causa de exclusión. “No se trata solo de evaluar la capacidad laboral, sino de garantizar condiciones materiales para una vida digna, con inclusión educativa, laboral y comunitaria”. En Río Negro, la situación también es crítica: muchas solicitudes de pensión siguen sin resolverse, los talleres protegidos reciben apenas $28.000 mensuales, y prestadores denuncian atrasos de más del 70% en los pagos. La Defensoría recibió múltiples reclamos por falta de cobertura de medicamentos, demoras en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y riesgo de cierre de instituciones.
El pronunciamiento de ADPRA, exigió que se suspendan las auditorías masivas, se garantice la transparencia en los procesos, y se respete el modelo social de la discapacidad. También pide que se actualicen los valores prestacionales, se fortalezca el rol de la ANDIS y se garantice el financiamiento sostenido del sistema. “La discapacidad no es un problema de las familias, es una responsabilidad del Estado. Negar esa obligación es vulnerar derechos fundamentales”, afirmó Santagati en referencia a las polémicas declaraciones del director de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien habría dicho que “tener un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.