La Gobernadora Arabela Carreras anunció que tras una charla por teléfono con las autoridades de ATE, acordó un aumento a las Asignaciones Familiares de los empleados públicos rionegrinos. Para UPCN este arreglo se hizo fuera del marco legal y con absoluta impunidad.
El Secretario General de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi cuestionó el arreglo, sobre el monto aseguró que "los 500 pesos para la asignación familiar no alcanzan ni para un kilo de leche en polvo y son menos de la mitad de lo que paga la Nación a sus agentes".
Se acuerdan con una minoría, excluyendo a la gran mayoría de agentes de la Administración Pública; a los docentes; a los policías; a las y los trabajadores de las empresas del Estado
Y luego se refirió a la forma: "Se acuerdan con una minoría, excluyendo a la gran mayoría de agentes de la Administración Pública; a los docentes; a los policías; a las y los trabajadores de las empresas del Estado. En este contexto de exclusión, la gobernadora Arabela Carreras habla como si fuera el paradigma de la democracia, abusando de palabras como integración, diálogo e inclusión, diciendo saber escuchar mientras ni siquiera contesta las solicitudes de los trabajadores que le demandamos un compromiso real con la dificultosa realidad económica que atraviesan muchos compañeros".
"El lugar donde se atienden las necesidades de los trabajadores, hasta que no haya otra ley que diga lo contrario, es la Mesa de la Función Pública. Hoy, las decisiones del gobierno de Carreras siguen siendo sordas a las necesidades de los trabajadores de la Administración Pública, quienes venimos sufriendo dos años de recortes avalados por este tipo de arreglos sindicales que redujeron nuestros salarios exactamente a la mitad. Tal como denunciamos desde la UPCN, la situación salarial previa a la pandemia ya era muy grave para un número importante de trabajadores que no llegan ni a mitad de mes y hoy, esa brecha se amplió", continuó el histórico dirigente.
El lugar donde se atienden las necesidades de los trabajadores, hasta que no haya otra ley que diga lo contrario, es la Mesa de la Función Pública.
Para finalizar, Scalesi recordó que desde enero solicita una actualización real en las asignaciones; el pago de la indumentaria, también teniendo en cuenta los costos reales del rubro; un plan de blanqueo de cifras en negro y denunciando "sostenidamente la grave realidad salarial en la Administración Pública, pero la gobernadora dialoguista hace oídos sordos, transgrede abiertamente la ley de representación sindical y burla a miles de trabajadores que prestan los servicios en el Estado que administra".