Cuatro empresarios farmaceuticos roquenses están imputados por defraudación a la Obra Social IPROSS con el cobro de medicamentos a través de recetas falsas, ocurridos entre diciembre de 2013 y abril de 2019. Se trata de Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró, Fabio Caffaratti y Sandra Fasano exauditora del Colegio de Farmacéuticos. La maniobra habría sido posible por la connivencia entre la responsable del área de Auditoria y los dueños de determinadas farmacias. Hay dos mujeres, dueñas de una farmacia, que se sometieron a un juicio abreviado y fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso.
Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que es una causa compleja por la cantidad y duración de los hechos investigados, las modalidades que se fueron vislumbrando a raíz de múltiples pericias contables, informáticas, caligráficas, como también de los allanamientos y el resultado de los mismos. Todo ello, en uno de los casos, posibilitó además ampliar la acusación fiscal.
La fiscal jefa, Teresa Giuffrida detalló que se presentarán pruebas de diversas fuentes y que por ello se va a dividir en bloques. Se tomará testimonio a los representantes de las empresas encargadas de desarrollar los sistemas informáticos utilizados tanto en el Colegio como en las farmacias de Rio Negro y también a los especialistas en Informática Forense del Poder Judicial, a los peritos contadores de la División de Informes Técnicos de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal de la Procuración General, el perito calígrafo del Cuerpo de Investigación Forense de la II Circunscripción Judicial.
Integrantes del Gabinete de Criminalística darán cuenta de los allanamientos concretados en el Colegio de Farmacéuticos de General Roca y en domicilios particulares. Además, se cuenta con la entrega voluntaria del back up con el que contaba el desarrollador del sistema informático del Colegio, con sede en Gualeguaychú, Entre Ríos. De allí se extrajeron las bases de datos de los sistemas de gestión (software) Xarion y Xeilon, que fueron utilizados por los imputados para concretar la maniobra.
La prueba a producir incluye además a referentes del organismo que nuclea a los laboratorios que preveían medicamentos a las droguerías, como también a los responsables de las diversas droguerías. Además, se utilizarán para sostener la acusación las más de tres mil hojas de planillas confeccionadas para poder analizar los delitos cometidos por estas cuatro personas.
Pedido de prescripción de la acción penal y de reparación
Las defensas particulares de las partes solicitaron, por un lado, la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio por parte de uno de los imputados. El farmacéutico Fabio Caffaratti, ofreció reparar los delitos que le atribuyen, poniendo a disposición todo el dinero necesario para dejar atrás la causa penal por el perjuicio a la obra social de Río Negro. Trascendió que el monto que está dispuesto a poner alcanza a unos 500 millones de pesos.
Además, los cuatro imputados en conjunto solicitaron el pedido de prescripción de la causa. La fiscalía de Estado representando a la víctima y luego el Ministerio Público Fiscal se opusieron a ambas solicitudes.
Por su parte, el Tribunal Colegiado dará a conocer la resolución de la prescripción el próximo jueves y en relación a la reparación económica al solicitar que se trate como una cuestión de fondo explicó que aún no es momento para que se expida. Este jueves comenzarán a declarar los testigos convocados por las partes.
La maniobra detectada, fue cuantificada en unos 70 millones de pesos, que si se actualiza con los índices inflacionarios puede superar los 700 millones de pesos.
En la acusación se expuso que la Farmacia Fasano de Allen cobró de manera irregular de la obra social provincial 6.220.592,43 pesos hasta 2019, pero como su titular ya murió, se extingue la acción penal. En tanto que hay otras cuatro farmacias implicadas en la maniobra de estafa al IPROSS: Farmacia Tucumán, 30.386.591,28 pesos; Farmacia Santa Teresita, 14.056.807,59 pesos; Farmacia Araucana, 17.115.765,04 pesos; y Farmacentro, 2.240.796,05 pesos. Precisamente las dueñas de esta última fueron las que reconocieron su culpabilidad en un juicio abreviado que las condenó a 3 años de prisión en suspenso.
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