El Tribunal Oral Federal de Neuquén informó este martes su veredicto en el juicio contra dos funcionarios judiciales que actuaron en la provincia durante la última dictadura cívico militar. En un histórico fallo, los jueces condenaron al exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Victor Ortiz a 11 años de prisión efectiva.
Es la primera vez en la provincia que son juzgados dos funcionarios judiciales que actuaron durante esa época oscura de la historia argentina. Desde octubre de 2023, Duarte y Ortiz fueron juzgados por delitos de lesa humanidad a raíz de diversas actuaciones entre 1976 y 1983, denunciadas por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la región. Fueron imputados por haber formado parte del plan sistemático de desapariciones en la región.
El tribunal conformado por María Paula Marisi, Alejandro Oliva y Sebastián Foglia condenó a Duarte como partícipe necesario por los secuestros (privación ilegal de la libertad), como autor por la omisión de la persecución penal y como autor de prevaricato. Por todos los casos, 15 de ellos de desaparecidos. En tanto a Ortiz se lo condenó como autor del delito de omisión de promover la persecución penal, también por todos los casos.
El juicio conocido como “Escuelita VIII” investigó 22 casos de desapariciones y torturas cometidas en un centro clandestino.
El juicio abordó la responsabilidad de Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre el 8 de julio de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y de Ortiz, procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985, en los delitos de omisión de promover la persecución penal, prevaricato (solo en el caso de Duarte) y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el uso de violencia y por ser la víctima perseguido político en perjuicio de 23 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas.
Desde octubre de 2023, Duarte y Ortiz eran juzgados por delitos de lesa humanidad a raíz de diversas actuaciones entre 1976 y 1983, denunciadas por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la región. Fueron imputados por haber formado parte del plan sistemático de desapariciones en la región.
Duarte había sido designado juez en reemplazo de Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja.
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Duarte y Ortiz habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de la policía local, federal y penitenciario para la comisión de delitos tales como “detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con eliminación física”.
Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.
Antes de conocer el veredicto, los funcionarios judiciales hicieron uso de sus últimas palabras y ratificaron su inocencia, y al mismo tiempo solicitaron al tribunal su absolución y apuntaron contra la fiscalía y las querellas de llevar adelante una campaña de "demonización".
//