Continúan las denuncias por parte de los docentes neuquinos al Consejo Provincial de Educación (CPE), ya que sostienen que se están usando los procesos sumariales como “instrumento de persecución” porque realizaron diversas acusaciones y rechazaron las reformas educativas. Los sumarios superan los 200 en el último año y los 800 desde el 2021.
Por ello, un grupo de docentes presentó este martes en la mesa de entrada de la Legislatura un pedido de informe para saber cuáles fueron a los procesos sumariales aplicados al personal docente de todos los niveles educativos. “Queremos que nos presenten la información que estamos solicitando y que puedan cesar las prácticas de persecución laboral a los docentes”, remarcaron.
El mismo lleva las firmas de Rocío Goñi, Andrea Galván, Nélida Dora Baro y Norma Beatriz, entre otros. Además, solicitan información sobre la cantidad de sumarios realizados desde el 2015 a la fecha; los criterios establecidos para tales instancias; el procedimiento de resolución de conflictos previo a la aplicación de un sumario; y la cantidad de prevenciones sumariales vigentes y las causas que las motivan.
A su vez, requieren información sobre el acompañamiento a docentes sumariados que regresan a las escuelas y por el protocolo de denuncias por presuntos abusos en instituciones educativas. Al mismo tiempo, consultan si existe alguna normativa que resguarde la integridad física y moral de docentes, personal no docente y autoridades directivas de los establecimientos educativos frente a las denuncias de ASI y el grado de acceso a pruebas que poseen las personas denunciadas o sumariadas.
En paralelo, quieren saber si se realiza algún tipo de investigación cuando el supervisor presenta denuncias judiciales por haber realizado maltrato laboral en alguna institución educativa.
Finalmente, buscan conocer los motivos por los que se derogó la resolución 1.638/22, que en un principio fue firmada por todos los miembros del cuerpo colegiado del CPE, y luego reemplazada por la 1.290, ya que “aparta oportunamente” al docente del cargo sin la intervención legal de la junta de disciplina, vulnerando el principio de inocencia.