La fiscal Paula Rodríguez Frandsen quedó a cargo de la investigación por atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones por los hechos que sucedieron el jueves frente la Legislatura de Río Negro, durante la manifestación que realizó el gremio docente UnTER en contra el tratamiento de la ley de esencialidad educativa que fue aprobada por mayoría en primera vuelta. La denuncia fue presentada por autoridades policiales.
La fiscal solicitó la revisión médica de los diez empleados policiales que resultaron heridos y se determinó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para que trabaje el Gabinete de Criminalística. En la denuncia se expresó que los efectivos fueron agredidos con botellas llenas de agua, palos y trozos de madera, lo que también provocó destrozos en los vidrios del frente de la Legislatura. En consecuencia, el Grupo COER intervino con acciones de disuasión para restablecer el cordón perimetral. Al mismo tiempo se resguardó a los heridos en el interior del edificio, para recibir asistencia médica por parte del médico policial.
Este sábado, el gobernador Alberto Weretilneck anunció que exigirá la aplicación del Artículo 241 del Código Penal. Esta norma expresa que “será reprimido con prisión de 15 días a seis meses: a) el que perturbe el orden en las sesiones de los cuerpos deliberativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones; y b) el que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.
Weretilneck ratificó que “no vamos a permitir que se ataque la democracia ni que se interfiera en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Las leyes están para cumplirse y quienes desafíen el orden institucional enfrentarán las consecuencias. Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y ver este nivel de agresión por parte de quienes deberían ser un ejemplo es inaceptable. Vamos a cambiar lo que sea necesario para no dejar la educación y el futuro de nuestros hijos en manos de violentos”.
El gremio será querellante
Desde UnTER explicaron que “tras la brutal represión de la policía provincial mientras nos manifestábamos frente a la Legislatura, denunciamos penalmente ante la Fiscalía en turno de la Primera Circunscripción lo que estaba ocurriendo, las lesiones y otras múltiples afecciones que sufrieron numerosos compañeros”
En la denuncia se solicitó a la Justicia esclarecer los hechos acaecidos, identificar a los funcionarios y personal policial materialmente partícipe del suceso, y la responsabilidad penal por la posible comisión de los delitos de acción pública de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, vejaciones y lesiones. Asimismo, el viernes 27 de septiembre, la UnTER se presentó ante la Fiscalía 5 de Viedma como parte querellante en la causa iniciada, en razón de la denuncia penal realizada por los hechos sucedidos en las inmediaciones de la Legislatura.
“No vamos a permitir el atropello de la policía, pero mucho menos de un gobierno que usa la fuerza represora para acallar nuestras voces. Los trabajadores de la educación no somos violentos. Dejen de utilizar los recursos provinciales para tratar de instalar ese discurso. Violentos son quienes definen políticas en contra de las clases populares”, indicaron desde el gremio.
Piden que UnTER pague los destrozos
El legislador rionegrino Juan Martin del espacio PRO-Unión Republicana le mandó una nota al vicegobernador Pedro Pesatti y le solicitó que arbitre los medios para que el gremio docente UnTER se haga cargo de los costos del operativo policial dispuesto frente a la protesta que llevaron adelante en la Legislatura.
Martin citó la disposición adoptada por el Gobierno Nacional a partir de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad en el Protocolo para el mantenimiento del orden público, que prevé que los organizadores de protestas que deriven en gastos ilegales afronten los gastos de los operativos de las fuerzas de seguridad.
“No es justo ni equitativo que los contribuyentes rionegrinos deban hacerse cargo de los costos de las acciones ilegales de parte del gremio UnTER. La protesta violenta obligó a que se desplegaran policías que deberían haber estado cuidando a los vecinos de Viedma, además de los gastos en combustible y materiales. A esto hay que sumarle los destrozos que hicieron en su intento por impedir el funcionamiento de las instituciones”, indicó.