En salud mental, no contar con datos es como andar sin mapa en medio del temporal. Esa parece ser la brújula del proyecto de ley que presentaron los legisladores del bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito y José Luis Berros, para crear un Registro Provincial Único de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental en el ámbito del Ministerio de Salud de Río Negro.
La idea no es nueva, pero sí urgente. La impulsan con un argumento difícil de rebatir: saber con claridad cuántas personas están internadas, dónde, en qué condiciones, y por qué. "La internación tiene que ser la última opción, no la regla", remarcó Spósito. Y si no hay información, no hay forma de garantizar que eso se cumpla.
El registro busca sistematizar datos que hoy están dispersos o no existen: edad, género, si hubo consentimiento o no, situación judicial y familiar, duración de la internación, y más. Todo bajo la lupa de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y el modelo comunitario que Río Negro promueve desde hace décadas, cuando el cierre de manicomios era una apuesta política y no una consigna vacía.
El proyecto también responde a un pedido concreto: en su último informe anual, la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati, advirtió sobre la falta de un registro provincial y propuso avanzar hacia algo que ya existe a nivel nacional, el RESAM. "Contar con datos confiables nos permite diseñar políticas públicas basadas en la realidad, no en estimaciones. Y, sobre todo, recordar que detrás de cada número hay una persona con historia, derechos y un presente que no puede esperar", sumó Berros.
El texto establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con obligación de preservar la confidencialidad de los datos personales. El Órgano de Revisión en Salud Mental podrá acceder a la información, pero con criterios estrictos definidos por ley.