La política de tolerancia cero impulsada por el Gobierno provincial de Neuquén alcanzó a tres nuevos casos de cesantías en la administración pública. Las medidas afectaron a un chofer de ambulancia del Hospital de Senillosa, a un portero escolar condenado por robo agravado, y a un policía que dio positivo en un test de drogas. Las sanciones fueron dispuestas por decretos oficiales, en línea con la decisión de limpiar el Estado de personas que atenten contra la ética pública.
El caso más grave es el de Jorge Emanuel Núñez, chofer del Hospital “Adolfo del Valle” de Senillosa, acusado de violencia de género. Según consta en el expediente, protagonizó intimidaciones y amenazas contra la directora y compañeras de trabajo, lo que derivó en denuncias judiciales y medidas preventivas. Tras el sumario, y a pesar de su tutela sindical, el gobierno dispuso su cesantía inmediata.
En otro caso, el auxiliar de servicio Javier Agustín Méndez, que se desempeñaba en el CPEM N.º 22 de la ciudad de Neuquén, fue removido de su cargo luego de que la Justicia lo condenara por robo doblemente agravado con uso de arma de fuego. La pena fue de 3 años y 4 meses de prisión efectiva, y el Gobierno provincial oficializó su expulsión del Estado en cumplimiento de la normativa vigente.
El tercer ex agente es el cabo Hugo P., integrante de la Policía neuquina, quien fue sometido a un test multidrogas en noviembre de 2024. El resultado dio positivo en cocaína, tanto en la prueba inicial como en la contraprueba. Según la documentación oficial, el consumo de sustancias ilegales es incompatible con la función pública, por lo que se resolvió su destitución inmediata.
Las medidas forman parte de una serie de acciones que el Gobierno de Rolando Figueroa viene implementando para depurar el Estado, asegurando que solo permanezcan personas que cumplan con los valores éticos y profesionales que exige la función pública.