En medio de la polémica que se desató en torno a la figura de Alejandra Tamborindeguy, directora de la Escuela Primaria N° 267 de Arroyito, la Justicia y más particularmente el Consejo Provincial de Educación se refirieron al respecto y fallaron a favor de la docente, que pasó de victimaria a víctima en solo cuestión de horas. Las denuncias radicadas por padres y madres del establecimiento no solo no fueron acreditadas por estos organismos, sino que también fueron totalmente desestimadas.
Ante estas acusaciones Mejor Informado pudo acceder a documentación que certifica dicha cuestión y pretende aportar claridad y rigor a la información que circula, accediendo al detalle gracias a Anahí Ruarte, encargada de su defensa.
Denuncias desestimadas por el CPE
Contrario a las denuncias de malversación, abuso de poder y hostigamiento que varios padres y familias han expresado, la investigación oficial concluyó que no existen pruebas que sustenten esas graves acusaciones. Durante el proceso, la directora contó con todas las garantías constitucionales y procesales, pudiendo presentar documentación, testigos y su versión de los hechos.
Respecto a la supuesta malversación de fondos públicos, el sumario determinó que la rendición de cuentas fue realizada y recepcionada conforme a la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, sin registrarse perjuicio fiscal alguno. Por lo tanto, la acusación más grave de corrupción fue desestimada.
Asimismo, no se hallaron evidencias que prueben represalias contra alumnos ni exclusiones del transporte escolar como se denunció. La autorización del transporte depende directamente del Consejo Provincial de Educación y no de la dirección del colegio. Las supervisoras confirmaron que no recibieron reclamos ni intervenciones relacionadas a estas denuncias.
Respecto al episodio del refrigerio servido sin azúcar a un grupo de estudiantes, se aclaró que la directora no interviene en la preparación ni distribución, responsabilidad que recae en los auxiliares. Ninguno de los testimonios confirmó que Tamborindeguy hubiera ordenado esa medida.
Otros señalamientos, como la supuesta falta de respeto durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2023, el cierre arbitrario del portón para impedir el ingreso de padres o el trato humillante a auxiliares, tampoco fueron corroborados por la investigación. Incluso, se destacó que el portón se cerraba por razones de seguridad y que el vínculo con la comunidad y padrinos de la escuela es positivo y activo.
Por todo esto, y considerando la exhaustividad del sumario, se decidió que la directora debía reintegrarse a su cargo, pues no se constató mala praxis ni incumplimientos que justificaran su apartamiento.
Una situación que no pasará desapercibida
Desde la representación legal de Tamborindeguy se señala que las denuncias presentadas por Mariana Castillo Merlo, quien se identifica como vocera de una comisión de padres, carecen de respaldo documental y testimonios concluyentes, y que se tomarán las medidas necesarias para responder a estas falsas acusaciones.
Esta versión invita a reflexionar sobre la importancia de un análisis equilibrado y basado en pruebas en el tratamiento de conflictos escolares, donde se deben proteger tanto los derechos de los trabajadores de la educación como los de las familias y alumnos involucrados.
En conclusión, la defensa remarcó que el proceso sumarial permitió acreditar el correcto desempeño de la Sra. Tamborindeguy, motivo por el cual fue restituida en su cargo. A su vez, manifestaron que analizan acciones legales frente a declaraciones que consideran injuriantes o carentes de sustento, particularmente aquellas de la Sra. Mariana Merlo.
“La narrativa de una conducción autoritaria y arbitraria fue considerablemente desvirtuada por el sumario. Las acusaciones más graves fueron descartadas. Esta resolución confirma que el retorno a su cargo fue lo que correspondía”, concluyeron desde la defensa legal.