La diputada libertaria Lorena Villaverde enfrenta una demanda colectiva que impulsaron tres amigos. La suma que reclaman se acerca a los 100 millones de pesos y es por incumplimiento en la compra de terrenos en Las Grutas. La legisladora argumentó, en 2024, que no cumplió con los contratos por la situación que atravesó el país a causa de la pandemia.
Se trata de una demanda por incumplimiento contractual, publicidad engañosa y violación de la Ley de Defensa del Consumidor, que lleva a cabo la abogada viedmense Verónica Arizcuren.
La letrada presentó poderes, declaraciones juradas, cartas documentos, copia de boleto de compra y venta, recibos de pago, fotos de la publicidad engañosa y capturas de chats de WhatsApp.
"Son tres amigos muy unidos, de los cuales dos, Larreguy y Cabral, son oriundos de la zona, por lo que conocen el balneario Las Grutas desde pequeños. Con los ahorros de toda su vida deciden comprar tres lotes a la Sra. Villaverde”, detalló la abogada Verónica Arizcuren
El 30 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia, se generó el boleto de compraventa de los lotes, por $5.940.000. En ese entonces, entregaron $2.970.000 en efectivo, y el resto se pactó en 48 cuotas. Las primeras 24 son fijas, por $95.200.
Villaverde debía encargarse de la apertura y enripiado de calles, provisión de servicios de red de agua potable y red eléctrica, nivelación y cordón cuneta y alumbrado público, con un plazo de diez meses desde abril de 2021, con la posibilidad de ampliarlo por seis meses más y solo en caso de factores ajenos a la voluntad de Villaverde. Una vez cumplidas dichas obras, la demandada haría entrega de la posesión de las parcelas.
El plazo venció en agosto de 2022 y, para septiembre de ese año, los denunciantes ya habían cancelado todas las cuotas acordadas. Hay constancias de transferencias de las cuotas que eran enviadas a distintas personas, en las que Viillaverde indicaba al momento del pago. Todo está constatado en una conversación de WhatsApp entre uno de los denunciantes y la diputada de La Libertad Avanza.
"Comenzaron a consultar por distintos medios, WhatsApp, llamadas telefónicas, como iban los avances de las obras y cuando sería la entrega", reveló la abogada. También mantenían conversaciones con la demandada por WhatsApp: "siempre alegaba que se encontraban trabajando y culpando a la situación del país”, precisó Arizcuren.
Cómo se enteraron de que los habían engañado
"Varios familiares de los actores pasaban por el lugar y veían que nada de lo acordado se estaba realizando. Decidieron asesorarse acerca de la situación registral del inmueble donde se asentaban las parcelas. La investigación comenzó por la municipalidad de San Antonio Oeste donde le dijeron que las parcelas que habían comprado según el contrato suscrito no existían en el nomenclador local”, reveló la abogada.
De hecho, en el lugar había una parcela rural a nombre de Villaverde, por lo que no podía establecerse un loteo urbanístico sin la correspondiente excepción al código de planeamiento municipal.
“Los actores comenzaron a tomar noción de que habían sido estafados, por lo cual deciden enviar una Carta documento con fecha 08/08/2024 intimando al cumplimiento de lo acordado en el boleto suscripto por las partes”, puntualizó la representante de los tres perjudicados.
En agosto de 2024, a tres años de finalizada la pandemia, Villaverde, por intermedio de su apoderado, el doctor Augusto Gerardo Collado, respondió que es “falso que esta parte haya incurrido en el incumplimiento contractual con lo establecido en el boleto de compraventa” y que los inconvenientes “obedece a circunstancias extraordinarias ajenas a la voluntad de esta parte, derivadas de la pandemia mundial por Covid-19 por la que tanto el gobierno nacional, provincial y local implementaran una cuarentena estricta con restricciones a la circulación”.
Para la abogada es “increíble como esta gente se ríe en la cara de la gente, le siguen adjudicando la culpa de su incumplimiento a la pandemia de COVID 19", Es que para ella pasaron "más de cuatro años desde el inicio de la pandemia", y agregó que "cuando firmaron el boleto de compraventa, la pandemia ya había comenzado, o sea, que ya tenían conocimiento de las situaciones que se presentaba”, resaltó.
“Resulta abusivo e indigno el trato dado a mis mandates. También alegan factores externos como la importación de elementos para concretar las obras, lo cual es ajeno a la obligación contraída”, resaltó.