El extenso periodo radical, que duró casi 30 años en Río Negro, dejó una gran cantidad de hechos de corrupción sin resolver con la complicidad de una Justicia viciada y adicta. Parece que esas prácticas no se cayeron con el imperio en 2011, sino que los controles laxos y el negocio de aquellos que llegaban al poder, continuaron. Sólo cambiaron los nombres, algunos al menos. La polémica por el avión comprado por Arabela Carreras no se cortó con la decisión de venderlo, es que la falta de interesados evidencia el nefasto negocio que hizo la provincia y una red de complicidades que se mantiene.
Del entorno de la ex gobernadora, confiaron que la ruptura con el cipoleño comenzó cuando vieron la luz detalles oscuros de la compra del viejo Cessna Citation V Ultra modelo 1994. Acusó a los operadores de Weretilneck de hacer circular la noticia a nivel nacional. A partir de esto, los amigos de acá, tuvieron vía libre para levantarla y tratar el tema. Nada de lo que se difundió en aquel momento estaba oculto. Sólo había que tener intención de publicarlo, una libertad que la pauta publicitaria suele condicionar.
Entre otras cosas, se detectó que Río Negro hizo negocio con una empresa cordobesa que no tenía el avión al momento de venderlo. La provincia lo compró a 4.234.990 dólares a Nell Joy Ind. Latinoamericana SA, radicada en Villa Allende, que a su vez se lo adquirió a la empresa Gantt por 2,3 millones de billetes verdes, un negocio que le significó una ganancia segura de 54,30%. La operación fue por compra directa tras quedar vacante el llamado a licitación, donde Gantt se presentó y no pudo lograr la adjudicación por falta de garantías. ¿O sólo se trató de una pantomima para realizar el negocio?
Pero la compra del lujoso jet no fue lo único que generó polémica. Es que el ingreso al país causó un enorme caos en el aeropuerto de Salta cuando reventó una goma e inhabilitó la pista durante varias horas. También los escasos vuelos sanitarios realizados porque los pilotos no contaban con habilitación, los meses que debió estar parado por service y lo costoso que le resultó eso al Estado. Durante todo este tiempo, Río Negro tuvo que mantener los contratos con empresas privadas para garantizar los traslados de enfermos.
La falta de apego por las normas fue una constante en este escándalo. Aunque estaba prohibido para el uso de funcionarios, Carreras lo usó al menos tres veces para sus traslados. Hubo dos viajes a Bariloche, en los que no se dejó sentado quiénes y para qué se utilizaba el avión y uno a Ushuaia, pocos días antes de terminar su mandato. Y aunque los pilotos no contaban con la debida licencia, realizaron un vuelo a Jacobacci para trasladar a empleados de la Secretaría de Comunicación heridos tras protagonizar un choque fatal en la ruta 23.
Pasaron más de dos años de la compra y la simple mención del tema le genera un enorme malestar a Weretilneck. Si bien nunca estuvo de acuerdo y fue una de las primeras voces que se pronunció en contra, cuando Carreras lo defendía y redoblaba la apuesta con la promesa de comprar un helicóptero, la investigación tanto administrativa como judicial sufre una importante demora.
Esta semana se dio a conocer la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), conducida por Fabián Gatti (ratificado hace pocos meses por el actual gobernador), que requiere el juicio de responsabilidad contra los tres funcionarios actuantes en esa operación. Las mismas tres personas que ya fueron sancionadas administrativamente por el Tribunal de Cuentas por "irregularidades", con multas económicas bastante bajas en relación al perjuicio generado al Estado.
El titular de Aeronáutica, José María Scheverin pagó 220 mil pesos; el ex secretario General, José María Apud, 575 mil pesos; y el ex director de Administración, Gonzalo Regueira, 450 mil pesos. Todos prefirieron pagar y no apelar. La FIA los señala por la defraudación al Estado de 1,1 millones de dólares. Con estos números, la multa impuesta resulta una nimiedad.
Gatti no acusa a la entonces gobernadora, a quien le atribuye una "responsabilidad moral" y la dejó afuera del sobreprecio de 1.1 millones de dólares. "No resulta exigible jurídicamente su responsabilidad administrativo patrimonial”, dice específicamente. Algo más o menos similar sucedió con la estafa de los farmacéuticos roquenses al IPROSS, que le robaron a la obra social provincial 4.700 millones de pesos (3.615.400 dólares), en la causa no hubo ningún funcionario acusado. En ambos casos resulta al menos llamativo que se pudiera lograr semejante estafa sin el consentimiento del Ejecutivo.
La Justicia provincial también mantiene dormido el legajo penal por la compra del Cessna. El entonces diputado provincial y dirigente del sindicato judicial, Pablo Barreno, realizó una denuncia, pero aún no hay acusados. Sólo desde la fiscalía de Juan Pedro Peralta se enviaron las notificaciones a los mismos exfuncionarios para informarles de la apertura de una investigación. Pero aún no hubo pedido de audiencia de formulación de cargos.
La frustrada venta del avión por 2,5 millones de dólares (casi 60% menos del precio que se compró) no fue el único tema por el cual reapareció en la escena pública el nombre de la ex gobernadora. Es que también se conoció que le cedió a la empresa estatal de aguas de Israel información hídrica y geológica de la provincia. Fue para una consultoría con el objetivo de diseñar una autoridad regulatoria, calcular el valor económico del agua, y proyectar una planta de desalinización sobre la costa atlántica.
Sin embargo los interrogantes surjen en torno al secretismo con el que se manejó ese acuerdo. Carreras firmó en febrero de 2023, la confidencialidad absoluta de todo lo realizado por Mekorot y "en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional", como dice el punto XI. Y un par de cláusulas anteriores, queda claro que "la contratante (Río Negro) será propietaria exclusiva de aquellos entregables (refiere a los informes) por la consultora (Mekorot)", por lo que la empresa israelí decidirá qué información le dará a conocer a la provincia.
Mientras su nombre vuelve a los medios, Carreras se dedica a regentear el local de una franquicia de chocolates en Bariloche. Precisamente, Frantom fue una de las firmas que a través de las gestiones de la ex gobernadora consiguió exportar sus productos a Chile. El dueño de la marca es un ex candidato gobernador por la Alianza Podemos Potenciar Río Negro, Gabriel Di Tullio. Acusado de estafar a 200 personas que pagaron cerca de 60 mil dólares por un lote en la zona este de la ciudad.
La intención de Carreras era de regresar a la política en algún momento. La dura derrota en las elecciones municipales, en las que sacó apenas 15% de los votos, es la mancha que la ex mandataria pretende borrar. Sin embargo el avión de la gobernación mantiene vivo el recuerdo de su paso por la gestión pública.