El martes de esta semana conocimos el veredicto luego del extenso juicio penal desarrollado por la Estafa con Planes Sociales. Había mucha expectativa. Mucho hemos hablado en nuestras editoriales sobre este escándalo de corrupción política sin precedentes en la Provincia del Neuquén. Venimos hablando y escuchando sobre esta estafa hace ya más de 3 años, desde 2022. Hemos exhortado muchas veces a las autoridades judiciales a dar una muestra real de auténtica convicción contra la corrupción política. Hemos alzado la voz como ciudadanos pidiendo investigación ejemplar y castigo severo.
Este martes pasado, durante algo así como tres horas, los tres jueces penales que tuvieron a su cargo las audiencias de juicio que comenzaron en el mes de Julio, hicieron conocer su decisión sobre los delitos y sobre los autores. Los Jueces Penales de Garantías Juan Manuel Kees, Juan Ignacio Guaita y Luciano Hermosilla trataron de explicar los hechos que tuvieron por probados, los delitos que cometieron los enjuiciados, y los roles que cada uno tuvo. Hubo condenas. Eso está muy bien. Hubo autores de delito y hubo partícipes de delito. Parece que eso tiene que ver luego con la gravedad de la pena que les van a imponer. Hubo administración fraudulenta agravada por uso de tarjetas de débito y por haber sido cometida contra una Administración Pública. No hubo asociación ilícita, dijeron los Jueces por unanimidad: No parece estar bien.
No hubo 9.303 hechos de apropiación ilegal de fondos de personas vulnerables, como nos contaron durante tres años, parece que hubo un único hecho continuado desde el inicio al final, que absorbe y contiene esos 9.303 hechos. Tampoco parece estar bien.
Ni Ud. ni yo entendemos demasiado de estas cuestiones jurídicas tan abstractas, tan elevadas, tan incomprensibles, que se nos presentan tan contradictorias y que tanto han ayudado a la impunidad. Lamentablemente temíamos que esto ocurriera, teníamos esperanza, sí, conservábamos confianza en gente comprometida, proba, con ganas de vivir en una sociedad limpia de corrupción política, que sienta nauseas ante la sonrisa burlona de los corruptos y delincuentes. Pero no… Nos venció la realidad y lo tóxico que hoy invade las instituciones, los malos funcionarios que provocan malas instituciones.
Durante tres años fuimos exigentes y críticos respecto a la investigación fiscal, tanto de la Fiscalía Penal como de la Fiscalía de Estado de la mano del doctor Kohon. Nos pareció extraño y mala estrategia limitar la investigación en esta causa desde 2020 a 2022, y limitarla a determinadas personas. Nos pareció extraño la decisión de desdoblar investigaciones en varios diversos capítulos, nos parecía que eso diluía y debilitaba todo. Nos preguntamos varias veces en este espacio porqué no se investigaba más atrás, más arriba y hacia otros organismos.
No estábamos equivocados: Los propios Jueces Penales, en esta decisión que declara responsables de delito penal a casi todos los investigados, han puesto de manifiesto con énfasis, sorpresa y hasta casi con molestia, las omisiones y mala investigación de la Fiscalía Penal y la querella de la Fiscalía de Estado que no hizo nada por tratar de mejorar o completar.
Los Jueces Penales, en su veredicto que tiene por probados los hechos y los delitos, remarcan con insistencia que están obligados por la ley a sentenciar como lo hacen, y no más grave, por las falencias de la investigación de la Fiscalía. Si este juicio penal termina como terminó, dijeron los Jueces, ha sido por la inacción de la Fiscalía Penal judicial y de la Fiscalía de Estado provincial.
¿Habrá sido torpeza o desinterés? ¿Habrá sido decisión deliberada? Hasta el día de hoy he escuchado comentarios muy moderados de los Fiscales Penales, como convalidando y hasta “respetando” el veredicto que otorga a la Acusación apenas una parte menor y de bajo impacto penal comparado con lo que pretendían. Llama la atención el bajo perfil actual del Ministerio Público Fiscal, que en otras ocasiones ante resoluciones que le son adversas, despliega un ataque comunicacional a la decisión de los Jueces en portal oficial y en masivas salidas en los medios regionales.
Ahora se ve una gran serenidad de los Fiscales, como si estuvieran satisfechos con el reto recibido de los Jueces, y con haber logrado una condena baja, que difícilmente lleve a la cárcel efectiva a alguien. Pero además, me han dicho algunos abogados indignados con todo esto, que lo más grave puede ser que esta sentencia, si no es impugnada y revocada por un Tribunal superior, agravando los delitos y penas, seguramente va a proyectarse sobre las restantes supuestas investigaciones que dice llevar adelante la Fiscalía, y, pensemos, si esta que era la causa principal termina en tan poco, las siguientes que serían accesorias y de menor relevancia penal, seguro que ni comienzan con formulación de cargos.
Espero que los Fiscales Penales y de Estado presenten una importante impugnación contra la sentencia de los Jueces, explicando muy claramente todos los reproches que les atribuyen sobre la defectuosa investigación que no ha permitido -según ellos dijeron- tener por probada la asociación ilícita y terminar condenando por una pobre administración fraudulenta, con penas cuyo mínimo es de dos años, y el término medio sería cuatro años, con tres condenados que ya llevan de prisión preventiva más de dos años.
Ya se ha pronunciado públicamente la Fiscalía de Estado de la provincia, anticipando que va a plantear recurso contra la decisión de los Jueces de no admitir la figura de la asociación ilícita, claro, se ve que desde ese organismo han registrado el gran malestar social con una condena que se percibe como totalmente insuficiente. No entendemos de leyes, pero si entendemos que los Jueces dicen no haber podido condenar por delitos más graves y como partícipes de una asociación ilícita porque las Fiscalías no hicieron lo que debían, por torpeza o por decisión.
Me dicen que hay por delante instancias de posibles recursos, impugnación ante el Tribunal de Impugnación y ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Esperemos que por lo menos la Fiscalía se esfuerce en hacer buenos recursos para tratar de revertir aquello que los Jueces dicen que ocurrió por su mal desempeño en la investigación y en el desarrollo del juicio. Pero tampoco nos parece que los Jueces Penales estén exentos de todo reproche, con todo respeto, por supuesto.
Han dedicado horas y muy complejos razonamientos propios de la abogacía y de la especialización en materia penal, para tratar de convencernos de que lo que hicieron los 12 condenados no habría sido algo organizado, con roles, con premios y castigos, con un acuerdo previo sobre qué se debía hacer, para qué, y qué beneficios les reportaría.
La verdad, queda la impresión que los Jueces Penales hicieron más esfuerzo por tratar de alejarse de la figura de la asociación ilícita que por acercarse. No es casual que los imputados y defensores tuvieran miedo a la figura, que prevé un mínimo de tres años de prisión para los integrantes de esa banda, y de cinco años a los organizadores, con escala, hasta 10 años de cárcel. Eso sí era una amenaza y un riesgo. Pero, por obra y gracia de los Fiscales Penal y de Estado, y de los Jueces, el riesgo cierto de “asociación ilícita” se ha desvanecido, parece, y la luz de la libertad parece más cercana para todos los delincuentes condenados, por delito más leve.
No puedo dejar de pensar en todos esos “arrepentidos” que fueron “beneficiados” con acuerdos antes del juicio penal, que reconocieron responsabilidad, y aceptaron pena de tres años de prisión en suspenso, Qué paradójico, fueron arrepentidos, dieron datos, asumieron culpas y penas, pero van a quedar condenados a penas superiores de las personas que ocupaban puestos superiores en la estructura, que tomaban decisiones y que conservaban para sí mayores sumas de dinero mal habido.
El mundo del revés. Fiscales que no investigan, que no acusan como corresponde, jueces que se esfuerzan en ir a las figuras delictivas más leves, arrepentidos “usados” que terminan con condenas superiores a sus delatados. Quien sepa y entienda, por favor que me aclare. Como sociedad hemos sido estafados, defraudados. La oportunidad ha sido manoseada, vaya a saber si por torpeza o por estrategia. Este escándalo pudo ser una bisagra en la historia institucional provincial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en toda la sociedad.
Era la oportunidad para tener una postura clara, firme y compartida por todos de repudio a la corrupción. Este juicio, su veredicto y la sentencia condenatoria tenía que darnos orgullo, tranquilidad, confianza. Lo que hemos conocido hasta ahora, desde este pasado martes, nos da vergüenza, desanima, profundiza la desconfianza en las personas y en las organizaciones. Los hechos se tuvieron por probados, los roles de cada uno de los imputados quedaron establecidos, está fuera de duda que cometieron delito penal, pero, con estupor, vemos que se aplica una figura menor, con una pena ínfima.
Toda la puesta en escena sigue dejando en la oscuridad a los verdaderos responsables principales de la maniobra. Las autoridades superiores y de otros períodos anteriores, de otros organismos, y los mencionados en los registros de la caja “Azul”, en los dos primeros lugares, que se llevaban el 50% del retiro mensual de fondos, destacados en los informes contables de la acusación y mencionados por los jueces claramente el martes.
Los Señores “Embajador” y “XXXX”, deben estar muy satisfechos por las bajas penas que recibirán seguramente todos los integrantes de la organización delictiva en Desarrollo Social.
Veremos si a futuro existe alguna novedad sobre esas personas en “Planes Sociales II”, “Planes Sociales III”, “Planes Sociales IV”. Pero, cuando la versión original ha sido una farsa, difícilmente las versiones posteriores puedan mejorar, al contrario. Tenemos pena, decepción, bronca. Confiamos, y fuimos defraudados.
Ahora habrá que esperar a noviembre y diciembre para que se realicen las audiencias de cesura, para que los jueces determinen las penas que correspondan a cada uno de los condenados. No esperamos demasiado, lo único que pedimos es no tener que terminar pidiendo disculpas y premiando a los condenados. Se perdió una oportunidad única, bisagra, que podía cambiar la cultura instalada de tolerancia a la corrupción política. Una mala sentencia, por una mala investigación y acusación, también es impunidad.
Acá no importa ya la administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la Administración. Eso ya parece menor. Se ha cometido en nuestra cara un “fraude” a la sociedad, “agravado” por haber sido realizado por funcionarios judiciales. De nuevo ganó la corrupción política.
