Tras el histórico veredicto que declaró culpables a 12 personas por la estafa con planes sociales en Neuquén, la expectativa se centra en la próxima etapa: la determinación de las penas. La sociedad se pregunta si los condenados irán o no a prisión efectiva y cuándo se conocerán las sanciones.
El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita tiene un plazo de 20 días hábiles para entregar la sentencia escrita, que contendrá los fundamentos del fallo. Una vez presentada, se abrirá un período de 10 días para que fiscalía y defensas ofrezcan pruebas y testigos de cara a la cesura o audiencia de determinación de penas.
De acuerdo a la programación de la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios, las audiencias de cesura se realizarán entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. Allí se fijará la condena de cada imputado.
¿De cuánto pueden ser las penas?
Los 12 declarados culpables fueron condenados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, un delito que contempla penas de 2 a 6 años de prisión.
En los casos de penas bajas, podría corresponder el cumplimiento condicional. Con condenas altas, se abriría la posibilidad de cárcel efectiva.
Actualmente, tres de los imputados están detenidos con prisión preventiva, aunque en el caso de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, cumple arresto domiciliario por tener más de 70 años.
El fiscal Juan Manuel Narváez anticipó que en la etapa de apelaciones pedirán las máximas penas previstas. Sin embargo, el tiempo ya cumplido en prisión preventiva se descontará al momento de fijar las condenas definitivas. Así, Marcos Osuna o Pablo Sanz, con casi dos años de preventiva, podrían recuperar la libertad en poco tiempo si reciben sanciones en el rango bajo.
Los condenados
Entre los responsables figuran exfuncionarios de alto rango como Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social), Tomás Siegenthaler (ex Coordinador Provincial de Administración), Ricardo Soiza, Pablo Sanz, Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo, además de otros partícipes primarios.
El tribunal descartó el delito de asociación ilícita, aplicando el principio de la duda y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que no basta con la coautoría, sino que se requiere una organización estable y con fines delictivos futuros.
De esta manera, el proceso aún no termina: la sociedad deberá esperar hasta fin de noviembre para conocer cuál será la verdadera sanción para los responsables de una de las estafas más resonantes en la administración pública neuquina.
