La Fiscalía de Estado informó que presentará una apelación ante la instancia superior contra el fallo reciente en la causa de planes sociales, que condenó a exfuncionarios y agentes por fraude en perjuicio de la administración pública, aunque no hizo lugar al delito de asociación ilícita.
El tribunal se basó en precedentes judiciales de la Corte Suprema que sostienen un criterio restrictivo sobre este tipo de acusaciones. Sin embargo, la fiscalía entiende que en este caso se configuraron los supuestos del artículo 210 del Código Penal, que tipifica la existencia de planes plurales con fines delictivos.
Para el organismo, la valoración del tribunal no reflejó de manera adecuada la prueba incorporada, que demostraría una estructura organizada y estable. Según la acusación, existían roles diferenciados y una pluralidad de maniobras concatenadas destinadas a desviar fondos públicos.
Entre las prácticas detectadas se mencionan la emisión de cheques simulados, inclusión de beneficiarios irregulares, certificaciones falsas, uso de empleados públicos como beneficiarios y la extracción de fondos mediante tarjetas de débito obtenidas ilícitamente. Estas conductas, aseguran, no fueron hechos aislados sino parte de un plan articulado.
La Fiscalía anticipó que pedirá la aplicación del máximo de las penas previstas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Considera que corresponden sanciones de cumplimiento efectivo para los responsables.
El fallo inicial se conoció tras 32 jornadas de audiencia. De los 14 acusados, 12 fueron declarados culpables de fraude agravado y dos resultaron absueltos. El tribunal descartó la asociación ilícita y resolvió por unanimidad que los hechos probados corresponden a la figura de administración fraudulenta.
Ahora se abrirá un segundo juicio para definir la pena correspondiente. En esta instancia, las partes podrán ofrecer pruebas que serán valoradas por los jueces como agravantes o atenuantes. La sentencia completa estará disponible en un plazo de 20 días.
