Este es un año electoral, y el principio de marzo no hace más que enfatizar una realidad política que inexorablemente será atravesada por una agenda que combina lo que la coyuntura impone con lo que la coyuntura inventa. En esa agenda, a nivel nacional, el tema seguridad se volvió a colar como importante, a partir de dramáticos sucesos, y tuvo su epicentro de confrontación entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En Neuquén, la agenda también incluye el tema seguridad, con una fuerte expectativa que se abrió el último día de febrero, cuando se puso formalmente en práctica el trabajo provincial contra el narcomenudeo, o la narco-criminalidad, o el microtráfico, como quiera llamársele. No puede dejarse pasar este momento, pues puede ser bisagra en la historia del combate contra el delito en cualquiera de sus formas; y, la provincia gobernada por Rolando Figueroa, no es ajena a estas circunstancias, con una realidad muy dura en el cordón más conflictivo de la gran capital urbana de la Patagonia en la que se ha transformado Neuquén.
Este sábado 1 de marzo, Figueroa inauguró las sesiones legislativas, con un discurso que no evitó ni ocultó ninguno de los temas principales de la provincia, desde los más livianos a los más pesados. El gobernador reiteró su doctrina de tolerancia cero a la corrupción, tema que, enfocado desde el Estado, es de suma importancia dentro del rubro seguridad; reafirmó su expectativa de ver presos a quienes delinquieron estafando desde la anterior gestión de gobierno, y enfatizó en las inversiones que se hicieron desde el año pasado en el rubro específico de la seguridad pública, inversiones que incluyen como destino a una pronunciada mejora de la capacidad carcelaria, un tema que el garantismo zafaroniano se ocupó de instalar de manera casi salvaje, tanto desde la Justicia como desde la pura política que se expresa pobremente en las redes digitales.
El mes de febrero mostró un gobierno muy activo en la acción directa contra el gran incendio forestal en la zona del valle de la Magdalena, en territorio del Parque Nacional Lanín, y esto también fue un capítulo del gran libro de la seguridad pública. Figueroa instaló su gabinete en la zona del incendio, buscó y obtuvo ayuda de otras provincias y del gobierno nacional, con el que sostiene una relación pragmática que elude cualquier acusación de connivencia conceptual ideológica. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí, y no hace falta más que repasar la visita que hizo a esa zona de desastre la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para constatar que la ideología o la posición política acotada solo aparece cuando hay una intencionalidad interesada en otros objetivos, y que, cuando hay sinceridad en el planteo y eficacia en la acción, esa visión mezquina de la política queda afuera de la realidad concreta.
Con el mismo ángulo el gobierno de Figueroa enfocó la provincialización de la represión de la narco criminalidad. No debe menospreciarse esta oportunidad de poner los pies directamente en el terreno donde nace esa horrible convicción de desamparo que sufren, particularmente, miles de vecinos capitalinos en Neuquén, acunados por las noches por las balaceras, con sus casas enrejadas hasta la exasperación, y la desesperanza de tener que ver cómo actúan los narcos, sabiendo dónde viven y operan, sin que el sistema, hasta el viernes solo federal, permitía por inacción el crecimiento de bandas tristemente pobladas por niños y adolescentes amparados por una ley cada vez más obsoleta.
Ahora, Neuquén combatirá directamente ese último tramo, el más perjudicial, de la industria ilegal del tráfico de drogas. El fiscal general de la provincia, José Gerez, califica esa situación como de narco criminalidad, porque es cierto que la droga alimenta y provoca otros crímenes, aún peores, como homicidios, femicidios, violaciones, etc.
Hasta el viernes pasado, la droga disparaba un camino judicial en el ámbito federal, separado del resto de la situación criminal que se investigaba por la provincia. Ahora, el camino será uno solo: los fiscales neuquinos no tendrán que escindir la droga de las armas, del botín de un robo, del cadáver de la víctima. Este cambio es sustancial y potencialmente muy positivo, y se estima que mejorará per se la seguridad en los complicados terrenos del crimen organizado en los cordones más complicados de los barrios de la capital neuquina.
Llegó la hora para un combate cuerpo a cuerpo contra los narcos en Neuquén: es un paso que era imprescindible dar, y, por ende, es muy conveniente haberlo dado. Mejorar la seguridad pública es un imperativo del momento, en el país y también en Neuquén. Implica no solo acción, sino debate y discusión política, porque leyes como la 2.302 deben ser revisadas, para que la gran sanata progre no haga daño concreto, como lo ha hecho, triste y persistentemente, durante los últimos 30 años.