El lugar donde las mujeres viven peor que en Afganistán

La reciente retirada de Estados Unidos de Afganistán volvió a poner en la cima de la agenda internacional el estado de los derechos humanos en el mundo, con especial foco en Medio Oriente y Asia Central. Esas regiones, por cuestiones religiosas, culturales y socioeconómicas que les han impedido construir instituciones sólidas y eficientes siempre chocan de frente contra los estándares establecidos por la comunidad internacional y las distintas convenciones en materia de derechos humanos. Más allá de quienes gobiernan ocasionalmente en cada uno de ellos, muchos países de esas regiones parecen tener mucho que explicar en materia de derechos humanos.

Un informe de la alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya en los últimos días de presencia estadounidense en Afganistán, encendía luces de alerta, que por supuesto se intensificaron luego: ejecuciones sumarias, restricciones a los derechos de las mujeres, reclutamiento de niños soldados y represión de las protestas pacíficas y de la expresión de la disidencia, todas prácticas que ya permitían imaginar la peor situación con los talibanes en el poder. El informe también señalaba que a las mujeres se les había limitado su derecho a circular libremente y a las niñas, el de asistir a la escuela. También auguraba que las diversas minorías étnicas y religiosas de Afganistán corrían el riesgo de sufrir violencia y represión. Los avances logrados a nivel social en los últimos 20 años, tan contrastantes con el ideal talibán, comenzaron a esfumarse tan rápido como los talibanes avanzaron sobre el poder central afgano.

Con el talibán ya en el poder, la situación solo permitió confirmar lo que anticipaba Bachelet. Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) aseguraron pocos días atrás que el talibán lejos estuvo de cumplir su promesa de no volver con las prácticas que los habían caracterizado en su anterior gestión, en los años noventa. Según estas instituciones, se registran homicidios selectivos de civiles y soldados que se habían rendido, bloqueos de la ayuda humanitaria, y nuevas restricciones a las mujeres, la libertad de expresión y la sociedad civil. Quizá la mayor manifestación de lo que el talibán está generando en la sociedad afgana, sea que muchas mujeres afganas, aún sin que nadie las obligue, ahora usan el burka, se abstienen de salir de casa si no es acompañadas de un hombre y han abandonado otras actividades para evitar violencia y represalias.

Afganistán puede ser hoy el foco de mayor visibilidad de violaciones a los derechos humanos, pero no es el único que preocupa a la comunidad internacional. Si de derechos humanos se habla, existe hoy en el mundo una situación que no figura en las primeras planas, pero que probablemente sea la más delicada: el accionar del gobierno chino de Xi Jinping sobre la minoría uigur y otras poblaciones musulmanes turcas en el noroeste del país.

Los uigures son una etnia numerosa habitante en Xinjiang, la región más grande del país, y la más cercana a Europa. Se trata de cerca de 12 millones de personas, mayoría en la zona, pero minoría dentro del islam, que por su cultura se sienten más cercanos a Turquía que a su propio país. A lo largo de la historia, los uigures han intentado escindirse del poder central de China, lo que los convirtió en una amenaza constante a la centralidad del Partido Comunista Chino. Como si fuera poco, Xinjiang, por su ubicación, es un eslabón clave en la ruta comercial de China: se trata de una región estratégica para el comercio del gigante asiático con Asia Central y Europa.

En mayo de 2014, Xi pareció tomar la decisión de acabar con este foco de conflicto. El gobierno anunció el lanzamiento de una “campaña contra la violencia terrorista islámica”, en apariencia con el objetivo de terminar con grupos islámicos que habrían colaborado en distintos episodios de terrorismo en la región y el mundo. En la práctica, la campaña apuntó directamente contra la minoría uigur, y su amenaza separatista.

Desde entonces, la situación empezó a tomar cada vez más protagonismo en la agenda internacional. Las crecientes denuncias de persecución, hostigamiento y violación de derechos humanos por parte del gobierno chino sobre los uigures se hicieron sentir.

Pero, ¿qué pasa en Xinjiang?

Comencemos por la versión oficial. El gobierno chino asegura que en la región desplegaron “campos de reeducación” en los que los chinos uigures son alejados de sus ideas e intenciones terroristas. Allí son llevados en micros oficiales del gobierno. Realizan actividades educativas, aprenden mandarín, realizan deportes y se instruyen sobre el Partido Comunista Chino. Todo, con un objetivo claro: que abandonen el fundamentalismo y la violencia, y se reintroduzcan en la sociedad china de una manera constructiva. Según declaraciones del embajador chino en Reino Unido, "Los uigures disfrutan de una coexistencia pacífica y armoniosa con otros grupos étnicos". Bajo esta dinámica, toda sugerencia de violación a los derechos humanos, o de maltrato a los uigures, es recibida por el gobierno con sorpresa, y se la entiende como el producto de una campaña internacional de desprestigio sobre sí mismo y sobre Xi. Así lo hace saber el Canciller chino ante cada pregunta sobre este tema.

La otra versión, basada en el análisis de los testimonios recogidos por distintas organizaciones internacionales e investigaciones periodísticas, indica que la dinámica apunta a acabar por completo con la cultura uigur, y que cerca de un millón de chinos están detenidos en los “campos de reeducación”, que en realidad se aproximan más a cárceles, donde son sometidos a violaciones a los derechos humanos. ¿Qué sucede en estos establecimientos?

Según un informe de Human Rights Watch presentado este año, los crímenes que el gobierno chino estaría cometiendo en Xinjiang, son:

• Detenciones masivas arbitrarias: los motivos oficiales para estas detenciones son múltiples y variadas. Se destacan desde el uso de aplicaciones extranjeras de telefonía celular, hasta planes de viajes al exterior, pasando por lavado de dinero, incitación a la violencia, difusión de ideas terroristas, violación de la ley de control de natalidad, entre otras.
• Torturas y tratamientos médicos alternativos: uigures que lograron salir de los “centros de reeducación” dieron indicios concretos de que allí se tortura a los detenidos y se los utiliza para efectuar procedimientos médicos degradantes. Ambas prácticas muchas veces, se sugiere, han terminado en fallecimientos. Desde 2018, el reporte oficial de víctimas señala 177 muertes, considerando el interior de los centros como así también a personas que fallecieron luego de ser liberadas, como consecuencia de ataques sufridos durante su detención.
• Desapariciones forzosas: no ha habido noticias de muchas personas detenidas en los centros. Sus familiares fueron notificados de su traslado a cárceles formales, o bien jamás volvieron a tener noticias de ellos.
• Control masivo de movimientos: más allá de lo sucedido en los centros, la población uigur y las musulmanas turcas en general son controladas de manera estricta por el gobierno chino. Se toman muestras de ADN, huellas dactilares, escáneres de iris y tipos de sangre de todos los residentes de Xinjiang entre los 12 y los 65 años, por supuesto de manera obligatoria y sin consentimiento explícito de la población.
• Eliminación cultural y religiosa: en los centros, los chinos uigures tienen prohibido hablar en otro idioma que no sea el mandarín y practicar la religión islámica. Si lo hacen, son castigados.
• Eliminación de lazos familiares: muchos detenidos son separados completamente de sus familias y enviados a zonas muy distantes de las de origen. Los controles fronterizos son tan estrictos que incluso generan que muchos niños sean separados de sus familias. Asimismo, muchas veces ambos progenitores de los niños son llevados a los centros, por lo que los niños son separados de sus familias y quedan desamparados.
• Monitoreo y regreso forzado de uigures en el exterior: el gobierno chino no solo controla los pasos de los uigures en China, también lo hace con los que residen en el exterior, muchos de los cuales son forzados a regresar a China, con argumentos poco amistosos. Muchas veces, éstos terminan detenidos en los centros.
• Trabajo forzoso: contra la que propone la meta 8 de los ODS de Naciones Unidas, el gobierno chino también es acusado de explotar laboralmente a los uigures, a los que libera de los centros, pero ubica en posiciones laborales distantes de su lugar de origen y muy perjudiciales para su salud física y mental.

La lista no acabó. Pero la violencia sobre las mujeres merece un apartado particular. Testimonios de uigures que fueron liberados de los centros aseguran que el accionar sobre las mujeres es particularmente cruel.

• Violencia sexual y afectación de los derechos de salud reproductiva: las mujeres probablemente sean las más castigadas en los centros. Distintas versiones describen violaciones masivas, violaciones individuales por parte de las autoridades, violaciones con bastones eléctricos y hasta la utilización de electroshock en los genitales de las reclusas. Otros testimonios aseguran que muchas mujeres son sometidas de manera forzada a procedimientos anticonceptivos, esterilizadas, u obligadas a abortar.

Es importante señalar que lo anteriormente mencionado surge de testimonios de personas que han estado detenidas en los centros, o que han trabajado allí. También de algunos documentos oficiales que se han filtrado, y de investigaciones particulares. Sin embargo, la comunidad internacional en su conjunto no ha podido acceder a evidencias concretas e irrefutables sobre lo sucedido en los llamados “centros de reeducación”.

La situación ha llevado a distintos actores internacionales a elevar una voz de alerta y comenzar a investigar lo sucedido. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de derechos humanos, picaron en punta. Es así que Human Rights Watch y la Stanford Clinic han determinado que el gobierno chino definitivamente está perpetrando violaciones a los derechos humanos en Xinjiang, basándose en lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998. Amnistía Internacional se ha manifestado en sintonía. Un estudio del Instituto de Política Estratégica de Australia denuncia la construcción de 380 campos, a los que llama “de concentración”, en la región china de Xinjiang desde 2017. En la misma línea, investigadores del Newlines Institute for Strategy and Policy directamente se animan a hablar del “genocidio uigur”, en un informe que analiza el accionar del gobierno chino en Xinjiang a la luz de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio aprobada por Naciones Unidas en 1948.

A nivel gobiernos, no son muchos, pero sí son de mucho peso, los que han puesto el ojo de manera muy crítica sobre la cuestión y han calificado oficialmente de genocidio el accionar del gobierno chino sobre los uigures. Al momento, esta lista la conforman Bélgica, Países Bajos, Canadá, Lituania, República Checa, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos. Si bien Trump ya había comenzado a evidenciar el tema, fue el actual presidente, Joe Biden, quien no dudó en hablar de "genocidio" y "crímenes de lesa humanidad" contra los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang en su informe anual sobre Derechos Humanos. Muchos otros líderes mundiales siguen de cerca la situación, temerosos por posibles represalias chinas ante una declaración concluyente, que en particular pueda afectar la dependencia económica que sus países tienen respecto del gigante asiático.

Solo el tiempo nos permitirá conocer si el retroceso que la situación de los derechos humanos parece estar teniendo en Asia Central y Medio Oriente se consolida, o si la comunidad internacional logra que los talibanes y el gobierno de Xi Jinping se ajusten a lo establecido por las convenciones internacionales. Parece poco probable que esto último ocurra, lo que entonces nos obliga a comenzar a pensar cuán cómplice será la comunidad internacional con tal de no afectar el estatus quo actual y generar, quizá, una escalada impredecible en el nivel de conflicto en el tablero mundial.