El Congreso de Estados Unidos, dominado por mayoría republicana, aprobó la solicitud del presidente Donald Trump para cancelar cerca de 9.000 millones de dólares en fondos que habían sido previamente autorizados. La mayor parte de estos recursos estaba destinada a medios públicos y programas de asistencia internacional.
Esta acción se llevó a cabo mediante un mecanismo legal poco utilizado, la Ley de Control de Impugnaciones de 1974, que permite al presidente anular partidas ya aprobadas por el Legislativo. La votación fue ajustada en ambas cámaras: el Senado aprobó la medida por 51 votos a favor y 48 en contra en la madrugada del jueves, mientras que la Cámara de Representantes lo hizo por 216 votos contra 213 en la madrugada del viernes. El proyecto será enviado ahora para la promulgación presidencial.
Uno de los recortes más polémicos afecta a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), que perderá casi 1.100 millones de dólares correspondientes a los próximos dos años fiscales. La CPB destina más del 70% de esos fondos a unas 1.500 estaciones locales de radio y televisión pública, y el resto a organizaciones como NPR y PBS.
Desde la Casa Blanca, justificaron esta medida al considerar que el sistema de medios públicos es "parcial y un gasto innecesario". El senador republicano por Texas, Ted Cruz, expresó que la radiodifusión pública ha sido capturada por "activistas partidistas".
Sin embargo, algunos legisladores de su propio partido manifestaron inquietudes por el impacto en medios locales. El senador Mike Rounds, de Dakota del Sur, indicó haber negociado con la administración para redirigir algunos fondos del Departamento del Interior hacia radios públicas indígenas en una docena de estados.
Por su parte, la senadora demócrata Tammy Baldwin, de Wisconsin, intentó sin éxito eliminar los recortes a los medios públicos y advirtió: "Si no se aprueba esta enmienda, las estaciones locales de televisión y radio cerrarán, y las primeras serán las rurales".
El director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, fundamentó los recortes criticando contenidos emitidos por medios públicos, mencionando un programa de NPR de 2022 titulado “Lo que los patos queer pueden enseñar a los adolescentes sobre sexualidad en el reino animal” y un foro de CNN junto a Plaza Sésamo sobre el racismo transmitido en 2020.
El paquete legislativo también recorta 7.900 millones de dólares en ayuda exterior, cifra menor a los 8.300 millones inicialmente propuestos. Se excluyó una reducción de 400 millones al programa PEPFAR, que combate el VIH/sida y fue creado durante la presidencia de George W. Bush, reconocido por salvar millones de vidas.
Entre las partidas eliminadas se encuentran:
- 500 millones para programas globales de salud que combaten enfermedades infecciosas y promueven la salud materna.
- 800 millones para refugios de emergencia, saneamiento y reunificación familiar de desplazados.
- 4.150 millones para apoyo económico e institucional en países estratégicos.
- 496 millones en asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, agua y atención médica en zonas afectadas por conflictos o desastres.
- 361 millones para operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
El gobierno de Trump argumentó que ciertos recortes, como la eliminación de fondos para UNICEF, incentivarían a que otras naciones aporten más y aliviarían la carga sobre los contribuyentes estadounidenses. La Casa Blanca destacó su prioridad de "poner a los contribuyentes estadounidenses primero".
Los demócratas rechazaron la medida por sus posibles consecuencias en la estabilidad global y el acceso a medios locales, pero no lograron sumar suficientes votos republicanos para frenarla. Esta legislación marca uno de los usos más amplios de la Ley de Control de Impugnaciones en casi cinco décadas.