En pleno receso de verano, cuando la ciudad de Allen bajaba el ritmo habitual y muchos funcionarios aprovechaban para tomarse vacaciones, una firma encendió la alerta. No fue una firma cualquiera: llevaba el nombre del intendente Marcelo Román en documentos oficiales emitidos mientras él estaba, supuestamente, de licencia. Un nuevo capítulo del enfrentamiento político desatado a partir del pase del mandatario a las filas liberarias.
El dato surgió durante una inspección de rutina del Tribunal de Cuentas provincial, que revisaba el libro de resoluciones del Ejecutivo municipal. La sorpresa llegó cuando los funcionarios constataron que, en pleno enero, aparecían actos administrativos firmados por el jefe comunal, aunque no estaba en funciones.
Quien los recibió fue el jefe de Gabinete, Benjamín Marín, quien confirmó lo evidente: Román no se encontraba en la ciudad y él estaba cubriendo temporalmente la conducción del municipio. Pero había un problema: no existía resolución alguna que delegara formalmente esa función, como exige la Carta Orgánica.
La vocal del Tribunal, María Belén Villar, pidió entonces la documentación respaldatoria. Primero le dijeron que no la encontraban. Después, directamente admitieron que no existía. La situación se tornó más grave cuando el Ejecutivo intentó subsanar el error con una resolución aclaratoria, alegando un “yerro material”.
Pero los papeles hablaban por sí solos. Uno de los documentos firmados durante la ausencia del intendente anulaba un concurso de precios, reemplazándolo por una compra directa: una decisión con impacto económico, tomada fuera de todo marco legal. Para el Tribunal, esa firma sin respaldo convirtió el acto en inválido de origen.
Tanto la Carta Orgánica como la ordenanza 091/94 son claras: para que un funcionario actúe en reemplazo del intendente, debe haber un acto formal que lo autorice. Y cuando se trata de decisiones con impacto económico, la trazabilidad y legalidad del procedimiento es aún más exigente.
Por todo esto, el Tribunal resolvió sancionar a Román con 1.000 USAM (Unidad Sancionatoria Municipal) y dejó abierta la puerta para una intervención judicial. No descartan que se haya incurrido en falsedad ideológica, una figura penal grave cuando se trata de documentos públicos.