Un vuelo de repatriados, un cuerpo embalsamado y una causa penal

El cuerpo embalsamado del empresario Elias Masri, arribó el sábado pasado en la bodega de un avión de Aerolineas Argentinas, en un vuelo de repatriación. El cadáver, guardado en un féretro sellado herméticamente, no debió arribar nunca a nuestro país ya que el empresario de 91 años, había muerto por COVID-19. Extrañamente, la documentación entregada a las autoridades, omitía ese detalle.

El 7 de abril pasado, Elias Masri, fallece en su casa de Manhattan, víctima del coronavirus. La familia decidió llevar el cuerpo a una casa funeraria de Nueva York, pero no quisieron cremarlo, ya que su religión judía no lo permite. La funeraria, entonces, recibió la orden de embalsamarlo y les entregó a los familiares un certificado de defunción: En la primera hoja, el certificado aseguraba que Masri  falleció por causas naturales, es decir, una muerte no violenta. En el reverso de ese documento se precisaba que fue por “Colapso respiratorio, COVID 19”.

El 9 de abril, la familia intentó trasladar el cuerpo y se contactó con la empresa Baires Fly, para contratar un vuelo privado desde Nueva York a Buenos Aires, razón por la cual, la empresa, pidió autorización a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para ver si este vuelo podía realizarse -en tiempos de pandemia, se busca saber a través de la certificación médica, que la causa de muerte no sea por una enfermedad infectocontagiosa-. En ese pedido de autorización, la empresa envía la certificación médica que decía que la muerte había sido a causa de COVID 19, por lo que, cualquier posibilidad de traslado quedaba definitivamente descartada. Pero el sábado pasado, en el vuelo que había sido organizado por Cancillería para repatriar argentinos que habían quedado varados en Estados Unido a causa de la pandemia, llegó el cadáver del empresario.

Al verificar la documentación, sólo se había adjuntado el certificado parcial, que hablaba de una muerte natural, sin detallar que había sido víctima del virus. Un familiar del empresario se presentó en el aeropuerto de Ezeiza pidiendo retirar el cadáver, pero se lo negaron. El féretro quedó aislado en un sector del aeropuerto. 

El Ministerio de Salud formalizó una denuncia judicial en los tribunales federales de Lomas de Zamora. La causa penal investiga los responsables de lo ocurrido bajo la figura del artículo 202 del Código Penal, que castiga con prisión de hasta 15 años de cárcel al que propague una "enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. 

Se busca saber quiénes hicieron el intento de traer el cuerpo, en el primer vuelo frustrado y quiénes consiguieron que el féretro subiera al avión, ocultando el detalle de la causa de su muerte. Por su parte, la empresa abrió una investigación interna para saber la causa de la irregularidad de la llegada del féretro con COVID-19.