El índice de pobreza infantil alcanzaría a fin de año el 58,6%

A dos meses de implementarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, UNICEF Argentina presentó un estudio sobre Efectos del Covid-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina y determinó que al final del 2020 la pobreza infantil alcanzaría el 58,6%.

En tanto la pobreza extrema hacia final de 2020 sería del 16,3%. En términos de volúmenes de población, implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones.

Este análisis muestra fuertes desigualdades. La incidencia de la pobreza aumenta significativamente cuando las niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%).

Si la vivienda está localizada en una villa o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niñas y niños.

“Los datos nos muestran que el COVID-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia”, señaló Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina. 

La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.

Si se considera un indicador de pobreza estructural como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, en los barrios populares el 59% de los niños reside en viviendas con una carencia estructural. “Preocupa la combinación de elevados niveles de pobreza monetaria y estructural. Si los niños residen en viviendas inadecuadas o están hacinados, es difícil aplicar medidas de contención efectivas”, explicó Brumana.

El gobierno nacional implementa medidas para contener los efectos del confinamiento. La protección de ingresos de los sectores más vulnerables implicó un aumento presupuestario significativo, de $514 a $650 mil millones: equivale al 2% del PBI estimado para 2020. Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción y los programas de créditos, se estima que las respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PBI.

Pero el desafío requiere un fortalecimiento de las políticas de protección social y el especialista en Inclusión Social de Unicef Sebastian Waisgrais, señaló que es clave mejorar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Es importante además que se siga implementando el bono extraordinario de $3103 a los titulares de la AUH y la asignación por embarazo hasta fin de año. “Esta medida implica que el monto total de la AUH supere la línea de indigencia”.

Desde UNICEF se plantea ampliar la base de los programas de protección social, como la AUH, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar. “Nos preocupa que desde 2016 se vienen extendiendo los plazos para presentar los certificados de escolaridad y controles de salud para percibir la AUH. Estas prórrogas vencen en los próximos dos meses y ponen en riesgo de perder la AUH a alrededor de 500 mil niñas, niños y adolescentes” alertó Waisgrais.

En 2020 la certificación de la AUH será difícil de demostrar y va a requerir nuevas prórrogas para 4 millones de niñas y niños. Lo que se plantea es que la AUH sea un “subsistema de protección de ingresos universal y no condicionado”.

Por último, las disparidades entre sectores sociales requieren un esfuerzo adicional para implementar políticas específicas. Contener la situación de niñas y niños que residen en hogares pobres sólo es posible si se implementan mecanismos universales que protejan ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales, así como otras respuestas focalizadas centradas en la comunidad y en los grupos poblacionales más desprotegidos.