ADJUDICACIÓN
El alto costo de la privatización de la violencia de género
La vigilancia tiene sus empresas relacionadas con el Estado que muestran valores inusuales.
El costo de vigilar, seguir, escudriñar, los movimientos de personas denunciadas por acoso o violencia de género es muy alto, y corre por cuenta del Estado a través de contrataciones de empresas privadas, que proveen lo que el Estado no tiene. Esto, independientemente de cómo se aplica después la tecnología, con muchas fallas atribuibles a una legislación endeble y una administración precaria.
En las últimas horas, cobró notoriedad una adjudicación, por más de 3.700 millones de pesos, a la empresa Surely SA. Fue la única oferente en una licitación cuyo resultado fue publicado en el último boletín oficial, el pasado viernes. A esa empresa se lo relaciona a Mario Montoto, empresario del rubro de Seguridad, con pasado conocido en la organización Montoneros.
la Licitación se corresponde con el Proceso de Compra número 32-0011-LPU21 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que preside el rionegrino Martín Soria. Se hizo para “contratar la provisión de hasta TRES MIL (3000) servicios diarios para supervisar, monitorear y rastrear parejas de agresores y víctimas de violencia de género por un período de DOS (2) años con opción a prórroga”, según consta en el Boletín Oficial.
El gasto estatal ascenderá a la suma exacta de 3.723 millones de pesos, y se imputará con cargo a “los créditos específicos de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para los Ejercicios 2022, 2023 y 2024”, se explica en el decreto correspondiente, firmado por el citado Soria y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
El año pasado, en Mendoza, se había nombrado a Montoto como el proveedor en una licitación de seguridad en esa provincia, vinculándolo con Surely SA. Este lunes, el diario Clarín lo volvió a relacionar, ahora con esta nueva licitación a nivel nacional, destacando que Montoto “es un empresario que tiene negocios vinculados a la seguridad y las cámaras de vigilancia” y que “además, es el padre de Fernanda Raverta, la directora de la ANSES que milita en La Cámpora”.
Surely SA fue fundada en 1995, con el objetivo principal de “proveer soluciones para la supervisión, el seguimiento y el monitoreo de personas en conflicto con la ley, utilizando para ello las tecnologías más modernas disponibles y cumpliendo los más altos estándares de calidad para la prestación de los servicios”, según se explica en el portal de la propia empresa.
