Se autopercibe mujer, pero violó y embarazó a una interna en la cárcel

Gabriela Fernández, quien comenzó su tránsito judicial hace una década, fue detenida en varias ocasiones por denuncias de violencia de género. Inicialmente bajo el nombre de Gabriel, solicitó ser reconocida como mujer y fue alojada en un pabellón de mujeres. Sin embargo, su estancia allí generó controversia cuando una interna resultó embarazada, alegando haber sido abusada por Fernández. Este caso, que desató una revisión judicial y una creciente inquietud sobre la aplicación de la ley de identidad de género en situaciones de privación de la libertad, llevó a la Justicia cordobesa a ordenar un traslado especial para Fernández, evitando su contacto tanto con hombres, como con mujeres.

Los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, conformada por Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, argumentaron que en este caso "se vulneraron los derechos de 481 mujeres" por brindar condiciones de alojamiento a Fernández. Los magistrados consideraron que su identidad debía ser respetada, pero sin poner en riesgo a otras reclusas, por lo que decidieron su reclusión en un sector exclusivo. El fallo sugiere que, hasta ahora, el sistema penitenciario no está completamente preparado para gestionar casos de este tipo, y plantea la necesidad de protocolos diferenciados para personas transgénero acusadas de delitos de violencia de género o abuso.

Este incidente se produce en un contexto en el que los jueces recordaron otros precedentes, como el caso de Karen White en Gran Bretaña, una reclusa transgénero que fue trasladada por agredir sexualmente a mujeres en prisión. En este caso, como en el de Fernández, la necesidad de proteger a las reclusas generó medidas específicas, incluyendo la apertura de unidades exclusivas para personas transgénero, que garantizan tanto el respeto a su identidad como la seguridad de la población carcelaria.

El historial de Fernández

La situación judicial de Fernández es extensa y compleja. En su historial, se encuentran múltiples acusaciones de violencia de género, privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones calificadas, acumuladas en sucesivas relaciones con mujeres. Luego de adoptar su identidad femenina, estas acusaciones continuaron, lo que generó un contexto inédito dentro del sistema judicial y penitenciario. En noviembre de 2023, mientras se encontraba en libertad, fue nuevamente detenida tras violar una restricción de acercamiento a una ex pareja. En esta última detención, se sumaron denuncias de coacción y violación de domicilio.

Ya en prisión, Fernández fue acusada de maltrato hacia otras internas y de influir en el ambiente de convivencia, lo que generó nuevas sanciones disciplinarias. En julio pasado, fue denunciada por abuso sexual de una interna que resultó embarazada, lo que impulsó su traslado a otro establecimiento para proteger a la presunta víctima.

La Cámara de Acusación de Córdoba analizó la Ley de Defensa de la Identidad de Género y su impacto en este caso particular. “No estamos ante un caso de no reconocimiento de derechos o de excesivas exigencias administrativas; se trata de una situación fáctica que requiere evaluar cuidadosamente el contexto de convivencia antes de tomar decisiones de traslado que podrían poner en riesgo a otras mujeres”, destacó el fallo. En este sentido, los jueces aclararon que no puede "privarse a Fernández del ejercicio de sus derechos, pero tampoco colocar en riesgo la seguridad de otras internas".

El fallo judicial también analizó la identidad de género de Fernández como un factor determinante en la resolución del caso. Al analizar los hechos de violencia de género, los jueces sostuvieron que el historial de Fernández, tanto con su identidad masculina como femenina, incluyeron actos de agresión y dominación hacia las mujeres en el contexto de relaciones afectivas. La defensa, en contraste, argumentó que el proceso judicial en curso era discriminatorio, debido a que se aplicaban agravantes de género contra una mujer autopercibida.

Ante estas alegaciones, la jueza del caso reafirmó que no prosperaría el planteo de la defensa y que Fernández debía enfrentar el juicio oral por los delitos acumulados. La jueza subrayó que algunos de los episodios investigados ocurrieron cuando Fernández aún se identificaba como hombre, lo que planteaba una "relación asimétrica de desigualdad y dominio de un varón hacia una mujer".