En las últimas horas volvió el conflicto político entre el Gobierno nacional y el PRO, que reclama para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los fondos que el gobierno de Javier Milei prometió enviar respondiendo a lo que impuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Concretamente, el Ministerio de Economía se niega a girarle en forma diaria el 2,95% de la coparticipación federal de impuestos.
El tema refiere a la medida sobre la cual el máximo tribunal de justicia de la Nación falló a favor de la Capital en su reclamo de recuperar la totalidad de los fondos por coparticipación federal que el ex presidente Alberto Fernández le había quitado para dárselos a la provincia de Buenos Aires.
En aquel momento, Fernández había reducido de 3,50% a 1,40% de la masa coparticipable los recursos para CABA y el 2,1% restante se lo entregó a la provincia gobernada por Axel Kicillof. En febrero de este año, Javier Milei eliminó ese fondo y lo dejó dentro de las cuentas de la Nación.
O sea, luego que el fallo de la Corte avaló el reclamo porteño que no se cumplió durante los últimos dos años de mandato de Fernández, ahora lleva otros ocho meses sin acatarse con el Poder Ejecutivo en manos de Javier Milei.
El acuerdo entre el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, surgió en una reunión en la que el funcionario nacional se comprometió a pagar el 2,95% con giros diarios desde el 1° de agosto, pero ese acuerdo fue incumplido., ya que Caputo decidió que en lugar de los pagos día a día la diferencia de 1,55% se pague una vez por semana bajo el formato de “transferencia discrecional”.
Esa decisión del titular de Economía se llevó a cabo sin el consenso de la Ciudad, ya que Luis Caputo inició esta metodología en forma unilateral la primera semana de agosto con el envío de $ 20.000 millones.
Si bien el gobierno porteño rechazó este mecanismo dado que al quedar bajo la condición de “transferencias discrecionales” se expone a que sean suspendidas o canceladas en cualquier momento de acuerdo al humor del Poder Ejecutivo, no hubo revocación a la medida.
Para tener en claro, por los giros automáticos a la Ciudad le corresponderían unos $ 90.000 millones mensuales. Por otro lado, la deuda acumulada por el incumplimiento del fallo de la Corte es de unos US$ 5.000 millones.
Se debe sumar a este conflicto la intención del Gobierno nacional de traspasar la operación de 31 líneas de colectivos que circulan por CABA, situación que le demandarían al erario porteño otros $ 9.000 millones.