El debate sobre los lugares vacantes en la Corte Suprema volvió a encender tensiones dentro del Ejecutivo y dejó al descubierto una disputa interna por el manejo de la estrategia judicial y política. En la Casa Rosada aseguran que el Gobierno no quiere retomar la negociación hasta el próximo período ordinario, pero dentro del propio oficialismo hay quienes ya reactivaron contactos con el kirchnerismo.
Desde el entorno presidencial remarcan que la prioridad es otra: aprobar el Presupuesto 2026, junto con las reformas laboral y tributaria, y avanzar en la modernización del Código Penal. Pero esa agenda convive con movimientos paralelos, atribuidos a sectores que responden a Karina Milei, en particular a Martín y Eduardo “Lule” Menem. Ambos niegan estar detrás de esos diálogos, pero en Balcarce 50 indican:
“Hay otra rosca y no es del Presidente”.
La disputa se enmarca en un escenario de ambigüedad en la interlocución judicial del Gobierno con el Congreso. Mientras un sector señala a Sebastián Amerio, secretario de Justicia, como negociador oficial, otros advierten que su rol podría cambiar. Esa indefinición explica, en parte, la continuidad de Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su renuncia antes de las elecciones pero sigue en el cargo ante la falta de un reemplazo consensuado. El principal candidato que sonó para sucederlo fue Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón.
Aunque el Gobierno insiste en que la Corte no será tema hasta 2026, en algunos despachos oficiales comienza a circular una idea más ambiciosa: negociar con el kirchnerismo una ampliación del máximo tribunal. Un movimiento político de alto impacto, pero también de alto riesgo.
En paralelo, el Congreso se convierte en el verdadero frente de batalla. Diego Santilli sigue tejiendo acuerdos con gobernadores y Patricia Bullrich prepara su rol como futura jefa del bloque libertario en el Senado. El objetivo es claro: lograr los votos antes de marzo.
