El caso conmocionó a Córdoba y al país. Brenda Agüero, de 29 años, fue condenada a prisión perpetua por asesinar a cinco recién nacidos e intentar matar a otros ocho en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Lo que a simple vista parecía un brote inexplicable de muertes infantiles, escondía una trama sombría, sostenida por el silencio institucional y la aparente frialdad de una profesional de la salud que administraba la muerte con jeringas.
Pero más allá del veredicto —contundente y unánime en su gravedad— lo que persiste es la pregunta que flota desde que todo estalló: ¿por qué lo hizo? ¿Qué puede llevar a una enfermera a matar bebés sanos?
Un crimen sin móvil aparente, pero con patrones
Durante el juicio, la fiscalía —integrada por Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini— intentó descifrar esa motivación ausente de confesión. Y la hipótesis fue tan inquietante como posible: Brenda Agüero habría actuado por un impulso narcisista de protagonismo y reconocimiento profesional.
Según sostuvieron los fiscales, las acciones criminales —inyectar potasio o insulina en dosis letales— no tenían otro fin que provocar una descompensación repentina en los recién nacidos, que luego le permitiera a ella "dar la voz de alerta", intervenir o mostrarse resolutiva frente a sus superiores.
No se trató, según la investigación, de un caso de venganza, odio o beneficio económico. Ni siquiera de una reacción emocional. Lo que se descubrió fue más perturbador: una necesidad de poder encubierta bajo el rol de quien cuida la vida.
El síndrome del ángel de la muerte
Este tipo de casos, extremadamente inusuales, han sido documentados a nivel internacional bajo una denominación específica: el "síndrome del ángel de la muerte". Se trata de profesionales médicos o del cuidado de la salud que provocan daño deliberado a sus pacientes —muchas veces vulnerables o incapaces de defenderse— para luego intentar salvarlos o simplemente para posicionarse como protagonistas en entornos hospitalarios.
Brenda Agüero encajaría en ese perfil. Durante las audiencias, se expusieron testimonios que daban cuenta de su conducta distante, pero también de ciertos intentos por ganar visibilidad dentro del hospital. No era una improvisada. Sabía cómo aplicar las sustancias, conocía sus efectos y, sobre todo, sabía cómo pasar desapercibida. Esa aparente frialdad terminó por jugarle en contra cuando los peritajes toxicológicos confirmaron lo que nadie podía —ni quería— creer.
Un sistema que falló en todos sus niveles
La dimensión de horror no se agota en las jeringas. Lo que agravó el caso fue la reacción institucional tardía, negligente o directamente cómplice. Las muertes comenzaron en marzo de 2022. Para junio, ya se habían acumulado cinco. Todos bebés sanos, con partos sin complicaciones, que fallecían repentinamente. El patrón era evidente. Sin embargo, el hospital tardó en denunciar, en suspender, en investigar.
El veredicto lo dejó claro: hubo responsabilidades funcionales. Directores, jefes de servicio, autoridades del Ministerio de Salud. Algunos fueron condenados, otros absueltos, pero todos estuvieron bajo la lupa. La falta de controles, los intentos por evitar el escándalo público, las decisiones políticas para mantener en silencio lo que pasaba puertas adentro… todo eso fue parte de una trama de omisión y encubrimiento que permitió que los crímenes continuaran.
Una mujer sola, pero no en soledad
El juicio también dejó una imagen fuerte: Brenda Agüero no actuó en complicidad con nadie. Pero tampoco se la puede entender como una excepción individual. Actuó dentro de un sistema que falló sistemáticamente, donde la burocracia, el miedo a la exposición mediática y la desidia de algunos funcionarios generaron el escenario ideal para que la muerte se colara por las venas de los recién nacidos.
Y ese es quizás el aspecto más oscuro de la trama: la conjunción entre una asesina silenciosa y un sistema que eligió no mirar.
Hoy Brenda Agüero está condenada. Recibió la pena máxima y se convirtió en la primera asesina serial condenada por la Justicia cordobesa por crímenes en hospitales públicos. Pero el caso deja un dolor que excede lo penal. Porque no hubo un solo bebé. Ni un solo descuido. Fueron trece familias. Y detrás, un sistema de salud que debe revisar profundamente cómo fue posible.
La respuesta a por qué lo hizo puede no tener una sola explicación. Pero lo que quedó claro es que la enfermera del horror no actuó en un vacío. Fue la sombra de un sistema que no supo —o no quiso— encender la luz.