El Ministerio de Seguridad de la Nación creó un sistema de protección para policías y miembros de las fuerzas federales que denuncien delitos o irregularidades dentro de sus instituciones, como casos de corrupción, violencia institucional o abusos de poder. La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 831/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El nuevo Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia. Su objetivo es fomentar la denuncia, investigación y sanción de hechos ilícitos dentro de las fuerzas policiales y de seguridad federales, incluyendo la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Según se detalla en el documento oficial, el sistema “asegurará que las condiciones administrativas y profesionales del personal que formulen denuncias, se nieguen a participar en actos ilícitos o actúen como testigos, permanezcan inalteradas”. Para ello, se buscará evitar represalias o sanciones derivadas de su colaboración con investigaciones internas.
El protocolo no incluye protección física, pero prevé una serie de resguardos administrativos para evitar represalias. Entre las situaciones contempladas se encuentran: violencia verbal o física, asignación de tareas peligrosas sin justificación, creación de un ambiente laboral hostil, difusión de rumores difamatorios, postergaciones arbitrarias de ascensos, sobrecarga laboral, traslados injustificados o sanciones disciplinarias sin fundamentos.
La resolución también prohíbe expresamente que autoridades de las fuerzas federales interroguen a denunciantes o testigos sobre sus declaraciones ante el Ministerio de Seguridad. Además, aclara que cualquier sanción disciplinaria futura hacia un denunciante deberá contar con aprobación previa del Ministerio. Su incumplimiento será considerado una falta grave.
La inclusión de un agente en el sistema podrá ser provisional (por 30 días) si se acredita temor fundado de represalias, y se evaluará su permanencia en base a los elementos presentados. Las denuncias anónimas no serán aceptadas, y se exigirá que los hechos sean debidamente documentados.
El ingreso o exclusión del sistema será determinado por la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad, que también notificará a la máxima autoridad de la fuerza correspondiente. La protección podrá finalizar si cesan los motivos que la originaron, o si el denunciante incurre en falsedad, incumplimiento o abuso del sistema.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos institucionales contra la impunidad dentro de las fuerzas federales, brindar respaldo a los efectivos dispuestos a denunciar irregularidades y garantizar procesos internos más transparentes.