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¿Qué pasa si recibís mucho dinero? ARCA elevó los topes para informar transferencias y compras

Desde junio de 2025, bancos y billeteras virtuales deben reportar movimientos que superen los nuevos límites establecidos por ARCA, que ajusta los montos según el IPC. Conocer estos cambios es clave para evitar bloqueos y multas.

Por Redacción

Martes, 29 de julio de 2025 a las 10:34
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En el contexto actual, donde las transferencias inmediatas y las billeteras virtuales son moneda corriente, muchos se preguntan qué sucede si reciben un monto considerable en su cuenta bancaria. La clave está en los límites que estableció la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para monitorear estas operaciones.

Si el dinero recibido proviene de una fuente legítima, como la venta de un vehículo o una propiedad, o el pago por un trabajo facturado, generalmente no habrá mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunos casos, los bancos podrían retener el dinero de forma preventiva hasta que se presente la documentación que respalde la operación.

El problema surge cuando no se puede justificar el origen de los fondos, ya que ARCA puede iniciar investigaciones y tomar medidas más estrictas. Por eso, es fundamental contar con comprobantes claros, especialmente cuando se manejan cifras elevadas.

En agosto de 2025, ARCA actualizó los topes a partir de los cuales se controlan las transferencias y consumos, ajustándolos automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. Esta actualización responde a la Resolución General 5512/2024 y comenzó a regir desde el 1° de junio.

Los nuevos límites son notoriamente más altos que los anteriores, lo que implica que ahora se reportarán menos operaciones y se facilitarán movimientos más grandes sin intervención inmediata. Por ejemplo, para personas físicas, el umbral para transferencias y acreditaciones se elevó a $50.000.000, mientras que para personas jurídicas es de $30.000.000. Antes, el límite para personas físicas era de apenas $2.000.000.

Otros topes importantes que cambiaron son:

Extracciones en efectivo: ahora se informan a partir de $10.000.000 para personas físicas y jurídicas, cuando antes cualquier monto era reportado.

Saldos bancarios al final del mes: suben a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, frente al límite previo de $1.000.000.

Plazos fijos: el límite se eleva a $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se ajustan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Compras de consumidor final: ahora se pueden hacer hasta $10.000.000 sin que se requiera información adicional, un salto considerable desde los $250.000 en efectivo y $400.000 en otros medios que se pedían antes.

Pagos: el límite para informar sube a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Respecto a la documentación que ARCA puede solicitar para liberar fondos retenidos, se destacan:

Contratos de compraventa o boletas de pago, facturas emitidas (monotributo o régimen general), recibos de sueldo o jubilación, constancia de inscripción en monotributo y certificados de origen de fondos emitidos por un contador público matriculado. Estos comprobantes suelen ser suficientes para validar la operación.

Los expertos aconsejan mantener toda la documentación ordenada y actualizada, sobre todo si se realizan movimientos frecuentes o de alto valor. Además, es importante estar registrado correctamente ante la AFIP como monotributista o responsable inscripto si se factura regularmente.

Si el banco retiene una transferencia grande, lo mejor es responder rápido con los comprobantes solicitados y, de ser posible, avisar antes a la entidad sobre la llegada de fondos importantes, indicando fecha, monto y origen. Evitar intentar fraccionar transferencias para eludir los límites, ya que esto puede generar alertas adicionales.

En caso de no poder justificar el origen del dinero, ARCA puede aplicar multas, bloquear la cuenta temporalmente e incluso remitir el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar posibles delitos como lavado de dinero.

Estos cambios buscan equilibrar la fiscalización con la fluidez financiera, pero ponen sobre la mesa la necesidad de ser transparentes y respetar las normas para evitar dolores de cabeza.

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