La vicepresidenta, Victoria Villarruel, presentó este lunes dos denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py, en las que acusa a usuarios de redes sociales y a miembros del oficialismo, entre ellos la diputada nacional Lilia Lemoine, de llevar adelante una campaña de hostigamiento, amenazas e incitación al odio en su contra.
La primera denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y está dirigida contra el director del medio digital La Derecha Diario, Javier Negre. En la presentación, Villarruel lo acusa de los delitos de intimidación pública, amenaza de rebelión y difusión de noticias falsas.
Villarruel sostiene que Negre “opera contra el Orden Republicano” al difundir información sin pruebas, entre ellas una nota en la que se sugiere que la vicepresidenta estaría impulsando un supuesto golpe de Estado contra el presidente Javier Milei. “Es inimaginable el daño institucional y diplomático que una fake news como la referida importa al Estado de Derecho”, señala la denuncia.
En una segunda presentación, también a cargo de Casanello, la titular del Senado apuntó directamente contra usuarios de X (ex Twitter), entre los que se incluyen cuentas anónimas y a la diputada oficialista Lilia Lemoine. Los acusa de participar “de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio”.
Las cuentas mencionadas en la denuncia son: @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @NickyMarquez, @lilialemoine, @ElTrumpista y @Mialygosa. Según Villarruel, estas publicaciones buscan "mi exclusión del Senado, mi detención penal y mi supuesta participación en una operación contra el gobierno del que formo parte".
Entre los delitos que les imputa se encuentran: instigación a cometer delitos, asociación ilícita, apología del crimen, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y atentados contra el orden público.
Villarruel también solicitó que se investigue si parte de estas campañas de hostigamiento podrían haber sido financiadas con fondos del Estado, y pidió a la Justicia avanzar en esa línea.
La investigación quedó en manos de los fiscales Guillermo Marijuan y Franco Picardi, designados por Casanello para llevar adelante las causas.